-   La Consejería de Derechos Sociales y el Ayuntamiento de Muros de Nalón han colaborado en la escolarización, promoción de la salud, educación sexual y alfabetización de estas personas

-   El director general Fermín Bravo ha asistido hoy a los últimos trabajos de demolición

El Gobierno de Asturias ha concluido el derribo del poblado especial de La Junquera, en San Esteban de Pravia, que pone fin a un modelo habitacional segregado, contrario a la inclusión social por la que trabaja el Principado. Esta medida supone la erradicación del chabolismo y de la infravivienda en el concejo de Muros de Nalón.

El director General de Vivienda, Fermín Bravo, ha asistido hoy a los últimos trabajos de demolición de los módulos prefabricados ubicados de forma provisional en los años ochenta en La Junquera y donde llegaron a vivir doce familias, que ahora residen en pisos normalizados en diversas localidades de Muros de Nalón y otros municipios limítrofes. Bravo ha destacado que el Principado es “un firme defensor del derecho a una vivienda digna, a la inclusión y la cohesión social”. “Por ello, debemos erradicar los poblados segregacionistas y trabajar por el realojo en entornos normalizados”, ha subrayado.

El poblado nació en 1985, cuando se levantaron varios módulos prefabricados de hormigón en una parcela municipal para ofrecer una mejor alternativa habitacional a las familias de etnia gitana que vivían en chabolas en la misma zona. Debido a que esta solución provisional agravaba la segregación del colectivo, tanto la Consejería de Derechos Sociales como el Ayuntamiento de Muros se marcaron el objetivo de realojar a las familias y han trabajado de forma conjunta en diferentes programas de escolarización, promoción de la salud, educación sexual y alfabetización de estas personas.

Bravo ha recordado que, desde 2015, se han eliminado varios poblados similares al de La Junquera, como los de Piñeres, en Candás; el Cascayu, en Oviedo; los de Camplengo y la Cabanzona, en Llanes, y el de Nava, lo que ha significado realojar y ofrecer una residencia digna a más de 80 familias de etnia gitana. “El Gobierno continuará  con esta estrategia y nos estamos planteando actuar en Llanera y Oviedo, con cuyos ayuntamientos hemos mantenido unos primeros contactos”, ha avanzado Bravo.

Dada la complejidad de los realojos y a la importancia del trabajo que realizan las corporaciones locales, el director general ha agradecido el apoyo de los ayuntamientos en todo el proceso.

Por último, ha mostrado su satisfacción porque el anteproyecto de ley estatal por el Derecho a la Vivienda recoja estas preocupaciones, al igual que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. “Esto demuestra que ambas administraciones trabajamos en la misma línea de defensa y garantía de los derechos de las personas que más lo necesitan”, ha concluido.