Madrid, 8 de febrero de 2022.- Activistas de Greenpeace han entregado en los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y el Reto Demográfico más de 200.000 firmas recogidas en España que forman parte del total de los cuatro millones que Greenpeace ha recogido a nivel mundial para proteger los océanos (1), un mandato clave de la ciudadanía dirigido a Luis Planas y Teresa Ribera que comparten las principales competencias en este sentido. Los activistas han portado un reloj de arena de tres metros de altura y pancartas con el lema “El tiempo se acaba para los océanos ¡Actúa ya!”.

Tras el parón de dos años por la pandemia, 2022 es de nuevo un hito, pues se retoman en marzo las negociaciones en Naciones Unidas de la cuarta y última ronda para formalizar un Tratado Global de los Océanos que supondría la protección de las aguas en altamar. Un proceso que se inició hace 10 años y que dada la emergencia ambiental en la que estamos inmersos no puede demorarse más (2). 

Los gobiernos se reunirán en la sede central de Naciones Unidas del 7 al 18 de marzo, con un borrador que presenta cuestiones clave sin resolver, por tanto el compromiso y la representación diplomática al más alto nivel ministerial en Nueva York será clave para tener éxito en marzo. Greenpeace reclama al ministro de Pesca, Luis Planas, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, estar a la altura de las circunstancias con un acuerdo nacional conjunto para el tratado.

“Aunque casi cuatro millones de personas en todo el mundo están demandando a los ministros un compromiso claro para dar forma al destino de los océanos, estas negociaciones tienen un perfil político muy bajo y aún no se le está dando la importancia diplomática internacional que se merecen. Por eso hoy pedimos al Gobierno de España que intensifique su liderazgo político en las negociaciones”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de Océanos de Greenpeace, tras entregar las firmas en el registro de ambos ministerios.

Para la organización es necesario dotar de herramientas y presupuestos reales, para que el Tratado no quede como una mera declaración de intenciones sin fundamento de gobernanza real. La clave está en resolver las siguientes cuestiones pendientes:

• Tener un mecanismo global para el establecimiento de una red de santuarios oceánicos bien gestionados, permitiendo así a la comunidad internacional cumplir el objetivo «30×30» (la protección del 30 % del mar antes de 2030) de acuerdo con las recomendaciones científicas y los crecientes compromisos políticos (3). Actualmente menos del 3 % de las aguas internacionales están protegidas. El Tratado debería otorgar autoridad a una Conferencia de las Partes (CoP) para poder gestionar la conservación, con un plan de manejo y medidas concretas.

• Disponer, como “Constitución de los Océanos” similar a los Acuerdos del Clima, de mecanismos efectivos de toma de decisiones que impidan que algunos países bloqueen o retrasen decisiones, como ha pasado con la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Ártico o la Antártida.

• Regular actividades como la pesca o la extracción de minerales, para gestionar las múltiples presiones a la que se enfrentan los océanos, teniendo en cuenta que España está dentro de los cinco países responsables del 90 % del esfuerzo pesquero en aguas internacionales.  

• Establecer requisitos uniformes y actualizados de evaluación del impacto ambiental (EIA) y consulta ambiental para todas las actividades humanas propuestas. Si las EIA están realizadas por otras organizaciones regionales y sectoriales, siempre tienen que estar alineadas con las normas y los procedimientos de consulta del Tratado, como ocurre con la Autoridad Internacional del Suelo Marino (ISA) y la incipiente actividad de minería submarina.

• Reconocer que el Tratado mejorará, en lugar de invalidar, la capacidad del resto de organizaciones internacionales para salvaguardar la biodiversidad marina. Para superar el statu quo, los negociadores deben reconocer explícitamente que el Tratado Global de los Océanos tendrá su propia competencia para gestionar la biodiversidad en aguas internacionales. 

• Sin exclusiones en las especies marinas: como componente principal de la biodiversidad marina, los peces no deben ser excluidos del nuevo Tratado.

El voluntariado de Greenpeace ha salido este fin de semana en más de 20 localidades españolas para seguir recogiendo firmas y movilizar a la ciudadanía por los océanos (4), y para documentar en tres zonas la enorme presión industrial a la que se enfrentan los mares:

• Presión de la pesca industrial con barcos arrastreros en el puerto de Vigo

• Presión del aumento del tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar

• Presión de minería marina con petroleros atracados en Las Palmas