El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, informó que la Unidad Fiscal de La Plata calificó como crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de Papel Prensa, en 1976, de la Familia Graiver a los titulares de Clarín, La Nación y La Razón.
Señaló que con ese dictamen se corrobora que Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos se asociaron con la Junta Militar, para desapoderar ilegítimamente al Grupo Graiver de su empresa. Explicó que para eso usaron amenazas extorsivas, secuestros, y torturas.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, detalló que los fiscales, además de afirmar si corresponde que la investigación se realice en el juzgado de La Plata o el de Capital Federal, aseguraron que efectivamente los hechos que denunció la secretaría constituyen delitos de lesa humanidad.
"Fue un acuerdo de los civiles con la junta militar", afirmó Alén y dijo: "Es lo que habíamos sostenido, esto constituye un gran avance en la investigación de estos hechos y la posibilidad de juzgarlos y aplicarles las sanciones que les correspondan".
Alén realizó esas afirmaciones durante una entrevista ayer por radio América. Cuando le consultaron sobre el motivo por el que la defensa pidió el apartamiento del juez Corazza, Alén señaló que "ellos sostienen que, como los hechos se gestaron en la Capital Federal, corresponde que intervenga la justicia de la ciudad y no la de la provincia".
"Es un problema de competencia territorial nada más", enfatizó y explicó que si Corazza lo "cree que es pertinente traspasará la causa a la Capital".
Alén resaltó que las pruebas que aportó la querella son suficientes y que
"acreditan suficientemente que hubo esta serie de crímenes, que arranca con las amenazas a los Graiver, para vender papel prensa, en dónde se obligó a los familiares a realizar la transferencia de Papel Prensa a Clarín, La Razón y La Nación".
* Sobre la excarcelación de 30 acusados de delitos durante la dictadura
Alén señaló que la Secretaría de Derecho Humanos se opone al pedido de excarcelación de 30 acusados por delitos durante la dictadura. "Nosotros vamos a presentar un recurso para que se revean estas medidas, y para que continúen en cárcel estas personas", puntualizó y explicó que la decisión "va en contra de un fallo de la Corte Suprema".
Remarcó que quienes estén acusado "de delitos graves, que constituyen crímenes de lesa humanidad, no pueden estar en libertad", porque "incluso implica un riesgo para los testigos de las causas y para el éxito de las investigaciones".
El subsecretario recordó la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el jucio contra Etchecolatz y el caso de Silvia Suppo, una testigo asesinada en Rafaela, Santa Fe y días atrás el secuestro y posterior liberación de Víctor Martínez.
Explicó que el temor de que alguno de ellos se fugue es fundado porque "no tienen el menor arrepentimiento de lo que hicieron, y por el contrario, lo reivindican".
"Esperemos que la Cámara de Casación resuelva que deben seguir detenidos", finalizó Alén.
Foto: Brindis Noble y Videla
