-   El Gobierno de Asturias firmó 550 contratos de arrendamiento social en 2021

-   El departamento que encabeza Melania Álvarez mantiene como objetivo entregar 550 casas al año, lo que supone 2.200 en la legislatura

-   El Ejecutivo promoverá 500 nuevos pisos de renta limitada hasta 2026, al amparo de los fondos europeos Next Generation

El Gobierno de Asturias ha entregado hoy siete viviendas públicas de alquiler en Aller, por las que los arrendatarios abonarán una renta mensual de entre 10 y 112 euros. Los beneficiarios son cuatro personas que viven solas, dos madres con hijos a cargo y una pareja con un hijo.

El Principado tiene actualmente 144 pisos en alquiler en el concejo, un importante parque inmobiliario que ha hecho posible entregar 50 viviendas en los últimos seis años. Además, en las próximas semanas comenzará la rehabilitación de otras 6 desocupadas, con el fin de adjudicarlas en el plazo más breve posible.

En total, el Ejecutivo autonómico firmó el pasado año 550 contratos de arrendamiento social en todo el territorio.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, que ha participado en el acto de entrega de llaves junto con el director general de Vivienda, Fermín Bravo, y el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, ha destacado la apuesta del Gobierno de Asturias por la vivienda pública en alquiler con renta asequible y por la reparación e inmediata adjudicación de pisos sociales. “Hemos generado un cambio radical en este ámbito que nos permitirá entregar 550 pisos al año, lo que supone más de 2.200 viviendas en la legislatura, una cuestión de enorme relevancia para garantizar el acceso a un hogar en Asturias”, ha valorado. Álvarez también ha resaltado que esta política se ha llevado a cabo gracias a “un modelo de gestión innovador” y a una empresa pública “modélica” como Vipasa.

La política del Ejecutivo autonómico se centra en la incentivación de la vivienda protegida con renta limitada y se complementa con las ayudas al alquiler y a la rehabilitación. “Estas medidas han conseguido que el 95% de nuestros pensionistas residan en un piso con una tenencia estable y totalmente pagada, de modo que únicamente se detrae de su pensión el pago para la cuota de la comunidad de propietarios y para los suministros”, ha explicado la consejera. También ha agregado que estos datos contrastan con las cifras de países como Alemania o Francia, en los que el 50% de los pensionistas deben afrontar una tenencia insegura de la vivienda. 

El Gobierno de Asturias ha aprobado recientemente la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que entrará en vigor en julio, y que incluye instrumentos para garantizar el derecho de acceso a un hogar digno: el complemento vital de vivienda para beneficiarios del salario social, la prestación vital para vivienda con carácter prioritario de las ayudas de emergencia social para detectar y evitar casos de desahucio y la obligación de los concejos de identificar las necesidades en su territorio.  Asimismo, plantea la elaboración de una estrategia municipal para abordar esas necesidades con medios públicos o privados.

Fondos Next Generation

La planificación de los fondos Next Generation dirigidos a la promoción de vivienda protegida de renta limitada coincide plenamente con la política del Principado en esta materia durante los últimos 20 años, según ha apuntado Melania Álvarez. “Por esta razón, seremos continuistas en nuestros planteamientos y agradecemos que el Estado nos haya puesto como ejemplo para desarrollar este programa”, ha agregado.

Aunque aún no se conocen con precisión los fondos que el Gobierno central transferirá al Principado para este año y el próximo, se estima que hasta 2026 se promoverán cerca de 500 nuevas viviendas protegidas de renta limitada con una inversión pública y privada de más de 50 millones.

“Estamos en la fase de identificar las zonas con mayor demanda y los terrenos más adecuados para la viabilidad económica y social. En el segundo semestre de este año haremos una propuesta de actuaciones al ministerio”, ha avanzado la consejera de Derechos Sociales. Además, ha indicado que estas actuaciones se llevarán a cabo en las ciudades más grandes, que son las zonas de mayor demanda, y también en algunas áreas rurales, donde ya se dispone del terreno para construir, con el fin de contribuir a la fijación de población joven.