El Consejo de Gobierno ha acordado aceptar las compensaciones derivadas de la modificación del sistema de gestión, liquidación y contabilización del IVA correspondiente a 2017 previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. El Ejecutivo autonómico toma esta decisión con base en los cálculos trasladados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que establecen en algo más de 86 millones la compensación, teniendo en cuenta los intereses exigibles. Esta cantidad es ligeramente superior a la estimada en la reclamación presentada por el Principado.

El importe de la aportación se regulará por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública y la aceptación conlleva tanto el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos judiciales como de retirar aquellos que estén en curso, como es el caso de Asturias.

El Principado emprendió diferentes actuaciones para reclamar el pago de las cuantías adeudadas como consecuencia de la decisión adoptada por el Ejecutivo central, cuando gobernaba el Partido Popular, que supuso la modificación del sistema de recaudación del IVA en 2017. Esta medida tuvo un impacto negativo sobre la liquidación del modelo de financiación autonómica efectuada en 2019.

En este contexto, el Gobierno de Asturias acudió en primera instancia a la vía política y se dirigió de manera reiterada al ministerio por varias vías. Dado que la Administración central no accedió a un acuerdo, el 29 de septiembre de 2020 se remitió formalmente un requerimiento a Hacienda con el fin de que adoptase las medidas pertinentes para compensar al Principado. El 20 de octubre de 2020 se recibió contestación negativa y, posteriormente, el 18 de diciembre, se interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, último paso del proceso hasta este momento.

Con el acuerdo de hoy, el Principado da un paso decisivo en la defensa de sus intereses para obtener la mensualidad pendiente del IVA correspondiente a 2017, unos recursos que le pertenecen y resultan necesarios para mejorar los servicios públicos e impulsar la economía.