El Gobierno local, integrado por los grupos municipales del PSOE e IU, han presentado una proposición plenaria para instar al Gobierno del Principado a modificar el Decreto 29/207 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro General de Informes, con el objetivo de ampliar su ámbito de actuación a aquellos edificios con una antigüedad igual o superior a 50 años, en los que se realicen actividades de carácter público, sea cual sea su titularidad.

Tal y como ha manifestado la concejala de Urbanismo, Dolores Patón, los sucedido en el colegio San Vicente de Paúl, de titularidad privada, “refuerza nuestra convicción de que las normas que regulan la inspección técnica de los edificios de mayor antigüedad, no debe limitarse a los de uso residencial de vivienda colectiva, sino que debe abarcar a toda edificación cuyo estado de conservación pueda comprometer la seguridad de las personas, especialmente, aquellos de uso colectivo intensivo”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón, desde donde se desarrolla un mantenimiento preventivo de los edificios municipales, que pretende anticiparse a cualquier problema de conservación, reforzará estas revisiones, sistematizando el mantenimiento y planificando de las tareas de conservación, y realizará inspecciones técnicas de los mismos, con la periodicidad que se establezca.

Asimismo, se ha encargado al Servicio de Arquitectura y Mantenimiento que elabore un primer listado de aquellas instalaciones que puedan presentar algún problema estructural que exija su reparación. También se elaborará un catálogo que recoja todas las instalaciones municipales con indicación de su antigüedad, estado, problemas de conservación, necesidades de actuación, etc, lo que permitirá priorizar actuaciones a realizar en aquellos edificios que presenten problemas estructurales, según criterios objetivos.

La edil de Urbanismo ha señalado que, dado que el Ayuntamiento carece de instrumentos para controlar el estado de conservación de los edificios de titularidad privada y uso público, más allá de aquellos en los que el mal estado resulte muy evidente y genere un riesgo inminente para las personas, es necesaria la revisión de las normas autonómicas para poder ampliar los ámbitos de actuación.