La Administración del Estado obligada por ley a abonar dietas a empleados públicos por asistir a exámenes de promoción interna

La Administración del Estado obligada por ley a abonar dietas a empleados públicos por asistir a exámenes de  promoción interna

 la Administración del Estado dejó de abonar estas dietas en 2010, tras el  inicio de la crisis económica  

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más  representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector  privado, ha ganado una sentencia en el Tribunal Supremo por la que se obliga a la  Administración General del Estado a abonar dietas a empleados públicos que tengan  que desplazarse a otra localidad para asistir a exámenes de promoción interna. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha desestimado el recurso de  casación interpuesto por la Administración del Estado contra una sentencia previa del  TSJ de Madrid que ya reconoció este derecho a una empleada pública.  

Tal y como ha defendido CSIF a lo largo de los últimos años, en los que ha emprendido  diferentes procedimientos judiciales, el Supremo fija como doctrina el reconocimiento  de esta indemnización, como establece el artículo 7 del Real Decreto 462/2002, por  ello CSIF ha solicitado a la administración que se allane a todas las reclamaciones  pendiente de resolver y proceda al abono inmediato de las dietas. Desde que se  promulgó este Real Decreto, la Administración estuvo aplicando las indemnizaciones.  Sin embargo, desde 2010 se modificó el criterio y se empezaron a denegar coincidiendo  con la crisis económica. 

Esta sentencia afecta a centenares de personas que a lo largo de los últimos años se  han tenido que desplazar a una localidad diferente de su residencia habitual para realizar  pruebas selectivas. Por ello, CSIF ha iniciado una campaña para que todas aquellas  personas que estén en esta situación puedan reclamar sus dietas. 

CSIF ya se dirigió en 2017 a la Agencia Tributaria para que dictara las instrucciones  oportunas para indemnizar a sus funcionarios ante los numerosos pronunciamientos de  los tribunales en sentencias ganadas por nuestro sindicato. Sin embargo, la Agencia  Tributaria rechazó esta pretensión y decidió recurrir al Supremo que finalmente nos ha  dado la razón.

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