El Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público continuará ahora su tramitación en el Senado. La norma da cumplimiento a una de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.

La norma proviene del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, aprobado en Consejo de Ministros y que se convalidó en el Congreso de los Diputados el 21 de julio, fecha desde la que se tramita como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

El texto, a su vez, proviene de un acuerdo negociado y refrendado en la Mesa General de Negociación con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF y del debate en el seno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, así como de reuniones de la Comisión Coordinadora del Empleo Público, entre las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La norma da cumplimiento a una de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.

El compromiso del Gobierno cuando inició todo este proceso para cumplir con Bruselas y las decisiones judiciales pasa por reducir la temporalidad del conjunto de las Administraciones hasta situarla por debajo del 8%.

Selección por sistema de concurso-oposición

En virtud del Proyecto de Ley que ha obtenido su aprobación hoy en el Congreso de los Diputados, y al que falta obtener el visto bueno de la Cámara Alta, las Administraciones Públicas deberán ofertar, antes del 1 de junio de 2022, las plazas de temporales que están actualmente ocupadas. Los procesos selectivos deberán finalizar antes de 31 de diciembre de 2024.

El acceso a estas plazas se realizará mediante un proceso de concurso-oposición. La valoración de la fase de concurso será del 40% y la experiencia será el factor determinante. Además, la norma establece que los ejercicios en la fase de oposición podrán considerarse como no eliminatorios. Las Administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas al proceso de estabilización propio de cada ámbito.

Además, de manera excepcional, las Administraciones Públicas convocarán por el sistema de concurso las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. De esta forma, este proceso extraordinario de estabilización afecta a las plazas estructurales que lleven al menos cinco años ocupadas de manera interina, así como a aquéllas ocupadas por empleados interinos que lleven más de cinco años empleados en la Administración.

Con respecto a los ámbitos educativo y sanitario, habrá un plazo de un año para adaptar la normativa al personal docente y al personal estatutario y equivalente de los servicios de salud.

Por lo demás, este proceso de estabilización será de aplicación en todos los niveles de la Administración y también en las sociedades mercantiles públicas, las entidades públicas empresariales, las fundaciones y los consorcios del sector público, sin perjuicio de la adecuación, en su caso, a su normativa específica.

Esta dinámica de regularización concierne tanto al personal laboral como al funcionario de la Administración siempre que cumpla los requisitos.

La norma, pendiente de su aprobación en el Senado, también contempla que el personal interino que no supere el proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de veinte días por año trabajado hasta un máximo de doce meses y a incorporarse a una bolsa de empleo específico.

Compromiso del Gobierno con el empleo público

El Gobierno ha dado una muestra reiterada de su compromiso con los empleados y las empleadas públicas, base fundamental sobre la que descansa la prestación de los servicios del Estado del Bienestar. Así, además de cumplir con celeridad con su compromiso de legislar para reducir la temporalidad en la Administración y negociar con otros grupos parlamentarios para mejorar la norma en el proceso de tramitación, el Ejecutivo ha tomado más medidas.

En primer lugar, el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó la mayor Oferta de Empleo Público (OEP) de la historia, con un total de 30.445 nuevos puestos sumando las plazas aprobadas previamente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para las Fuerzas Armadas. Eso significa que en los tres años en que Pedro Sánchez lleva como presidente del Gobierno, la Oferta de Empleo Público se acerca a las 110.000 plazas.

Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incorporan una subida salarial del 2% para los empleados y las empleadas públicas. Asimismo, las cuentas públicas para el próximo ejercicio incluyen una reposición del 110% como tasa general; del 120% para los sectores prioritarios (sanidad, educación, ciencia…); y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.