Este es el texto de la declaración institucional conjunta de los Gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León en el marco del encuentro institucional Foro Santiago. Camino de consenso. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado que las comunidades de Asturias,Galicia, Cantabria,Castilla y León, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, reunidas en el #ForoSantiago para abordar la financiación autonómica, "no pedimos privilegios, lo que pedimos es que en todas las comunidades se garantice la prestación de los servicios con la misma calidad”

 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FORO SANTIAGO, CAMINO DE CONSENSO

 

REUNIDOS

 

El Excmo. Sr. D. Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia, nombrado por Real Decreto 809/2020, de 5 de septiembre.

 

El Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, nombrado por Real Decreto 409/2019, de 28 de junio.

 

El Excmo. Sr. D. Adrián Barbón Rodríguez, Presidente del Principado de Asturias, nombrado por Real Decreto 448/2019, de 16 de julio.

 

La Excma. Sra. Dip Concepción Andreu Rodríguez, Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, nombrada por Real Decreto 500/2019, de 28 de agosto.

 

El Excmo. Sr. D. Emiliano García-Page Sánchez, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nombrado por Real Decreto 418/2019, de 4 de julio.

 

El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Lambán Montañés, Presidente del Gobierno de Aragón, nombrado por Real Decreto 469/2019, de 2 de agosto.

 

El Excmo. Sr. D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, nombrado por Real Decreto 408/2019, de 26 de junio.

 

El Excmo. Sr. D. Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta de Castilla y León, nombrado por Real Decreto 429/2019, de 11 de julio

 

EXPONEMOS

 

1. Galicia, el Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León comparten intereses comunes, que nacen de sus características sociodemográficas, económicas e históricas.

 

 

1

 

2. En el marco del Estado autonómico que define la Constitución Española de 1978 y que se ha ido consolidando en las últimas décadas, las Comunidades Autónomas ejercen y deben ejercer un papel importante en la definición de proyectos de planificación para atender la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos de España como Nación, en estrecha coordinación con el Gobierno central y con absoluta lealtad a los intereses generales.

 

Reiteramos nuestra adhesión incondicional a los principios que regulan la organización territorial del Estado en la Constitución: la unidad de la Nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas.

 

4. Este último principio esencial para nuestra convivencia, el de la solidaridad, debe preservarse en las decisiones gubernamentales para garantizar en todo momento los mismos derechos a todos los ciudadanos, con independencia de su condición y del lugar en el que vivan.

 

5. El principal objetivo de las Administraciones que representamos es facilitar el bienestar y el desarrollo integral de todas las personas en nuestra sociedad, y a ese propósito común enfocamos todas las propuestasinctuidas en este documento.

 

6. La demografía, tanto en la situación actual como en sus perspectivas de futuro, es el mayor desafío que afronta España y tiene carácter crítico. Por ello debe ser abordado con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance y con una perspectiva transversal que implique a todas las administraciones del Estado y a las instituciones europeas, pues ta nnayor parte del continente comparte retos similares a los de nuestro país.

 

7. La emergencia demográfica tiene repercusiones a nivel económico, social, cultural, medioambiental, fiscal, educativo, sanitario y de movilidad, e impone el deber de fomentar la cohesión territorial y adoptar medidas que permitan paliar y revertir la evolución de esta realidad.

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

8. Estas ocho Comunidades Autónomas suponen un 61,97% de la superficie española y un 24,15% del total de su población. Estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura dennográflca e imponen retos especiflcos a sus Administraciones, que deben prestar a tos españoles que viven en ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de los ciudadanos del país.

 

9. Del mismo modo, el nuevo modelo de financiación autonómica también debe ser fruto de la colaboración activa y leal de todas las Administraciones. En este sentido, manifestamos nuestra voluntad de consenso para abordar los trabajos en esta materia.

 

10. El modelo resultante de las negociaciones deberá respetar la igualdad de todos los españoles protegida por la Constitución, así como rechazar privilegios económicos o sociales como recoge el artículo 158 de la Carta Magna.

 

11. En definitiva, defendernos y perseguimos un desarrollo social y económico equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades.

 

 

En consecuencia, reunidos en Santiago de Compostela el 25 de noviembre de 2021, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas participantes

 

DECLARAMOS

 

 

1. La voluntad y compromiso de continuar la extensa trayectoria de colaboración para elevar la cuestión demográfica al nivel de prioridad institucional que merece en todos los niveles de gobierno. Muestra de ello es la creación del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (Fredd), cuya declaración institucional de Cuenca del año 2016, mantiene hoy toda su vigencia.

 

2. El interés en que se continúe trabajando a nivel nacional en este asunto con un enfoque integral, transversal y consensuado con las Comunidades Autónomas. En este sentido, entendemos necesario que las Directrices Generales aprobadas en el Consejo de Ministros el 29 de marzo de 2019 sean aplicadas por todas las administraciones en las áreas de su competencia con decisiones y medidas explícitas y que, así mismo, la Estrategia nacional frente al reto demográfico se desarrolle progresivamente con la creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas de las zonas con desafíos demográficos provocados, entre otros motivos, por la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población.

 

Es obligación compartida por todas las Administraciones impulsar entornos favorables para las familias, a través de incentivos a los hogares con mayores necesidades, medidas de fomento de la conciliación y la corresponsabilidad, así como políticas de vivienda. Consecuencia de lo anterior, apoyamos al Gobierno central para que en todo el territorio nacional y con el apoyo económico necesario cumpla su propósito de universalización del acceso a las centros infantiles de 0 a 5 años para facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral.

 

4. Somos conscientes de que para ampliar la base demográfica en España también es necesario promover como prioritario el retorno de aquellos ciudadanos españoles (originarios y descendientes) que en la actualidad viven en el extranjero y la atracción de nueva población, procurando siempre las máximas facilidades para su integración armónica en nuestra sociedad.

 

5. La realidad demográfica de España nos convoca a favorecer un desarrotto sostenible en tas zonas rurales, desde ta perspectiva económica, social y medioambiental, que no solo aporte nuevas facilidades a los ciudadanos y ciudadanas que ya viven en ellas, sino que favorezca también el asentamiento de personas procedentes de áreas urbanas.

 

6. Apoyamos la reivindicación de las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León de que las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, y sus zonas adyacentes, las únicas de España con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, deben contar a nivel europeo con el mismo trato que las zonas consideradas “escasamente pobladas”, que en la actualidad son aquellas de menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado.

 

7. Del mismo modo, solicitamos al Gobierno central que demande de la Unión Europea que, en la necesaria ampliación del concepto de “zona escasamente pobtada' se tengan en cuenta también otros aspectos fundannentates en ta estructura dennográflca, conno son et enve/cimiento y etsobreenvejecinniento,ta dispersión pobtaionat o la baja natalidad. De este modo, más zonas del territorio nacional podrían tener acceso a las medidas de apoyo específico diseñadas por las instituciones europeas.

 

8. Por otro lado, consideramos que la pandemia de la COVID-19 abre una ventana de oportunidad para incrementar el atractivo del medio rural para desarrollar un proyecto de vida, al haber puesto de manifiesto no sólo las condiciones saludables de los entornos menos concurridos, sino también por ser éste el medio donde se producen y cosechan las materias primas indispensables para nuestra alimentación. Los poderes públicos debemos contribuir a seguir aumentando esta percepción con medidas que acerquen las oportunidades del medio rural y de los ámbitos urbanos.

 

9. Mostramos nuestro apoyo al sector agrícola, ganadero y pesquero, fundamental en la economía de nuestras comunidades; así como garantías de precios justos al sector primario en cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria.

 

10. En este sentido, es fundamental preservar la garantía de servicios homogéneos, especialmente en lo referido a la Sanidad Pública. Para ello, además de renovar nuestro compromiso propio como Administraciones en el ámbito de nuestras competencias, solicitamos al Gobierno central que impulse con urgencia un gran pacto nacional para promover la oferta necesaria de profesionales sanitarios en las especialidades deficitarias, como Medicina de Familia o Pediatría (Atención Primaria), entre otras. Este problema afecta de forma general a todo et terNtoNo español pero es innegable que tos entornos nnás despobtados se ven especiatnnente castigados por esta carencia, que es perentoNo revertir.

 

11. Del mismo modo, entendemos que es necesario un compromiso transversal de fa sociedad españoa, que imphque a as Administraciones públicas y al tercer sector pero también a las empresas, para que la población de las zonas rurales disponga de acceso a servicios de interés público como los bancarios, postales, culturales, comerciales u oficinas de farmacia.

 

12. Reconocemos también que, en plena tercera década del siglo XXI, la cohesión territorial y la garantía de igualdad de oportunidades para la ciudadanía de zonas rurales pasa por el fomento de las infraestructuras de transporte, pero también las tecnológicas. Es preciso seguir trabajando para reducir la brecha digital y alcanzar cuanto antes el objetivo de que el 100% de la población española disponga de acceso a banda ancha ultrarrápida.

 

15. Abogamos por propiciar un envejecimiento activo, saludable y de calidad, que tenga en cuenta las preferencias de cada persona mayor y que elimine las barreras que aún existen para que puedan seguir aportando a la sociedad más allá de la jubilación.

 

14. Por otra parte,trastadannosta necesidad de que España aconneta de manera pronta el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica, que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, vivan donde vivan.

 

15. Ponemos de relieve la trascendencia de este debate, ya que afecta a la principal vía de ingresos de las comunidades. Por ello, reivindicamos que el nuevo sistema sólo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, y que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada Comunidad.

 

16. Así mismo, es oportuno reforzar el CPFF con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las Comunidades y al Gobierno central para su puesta en común en el seno de los grupos de trabajo posibilitando la determinación del coste real de los servicios y la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual.

 

17. Transmitimos nuestro absoluto respeto a las Comunidades con intereses diferentes a tos que defendennos en esta nnateNa. Et obetivo que debe unirnoses et de acertar en a deflnición de tos costes reales que suponen los servicios que prestamos en el ejercicio de nuestra autonomía, así como de los factores demográficos con incidencia significativa sobre los mismos. Ése es el único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneos en todas las Comunidades y evitar desequilibrios territoriales.

 

 

18. lnstannos at Gobierno central a deflnir cuanto antes una nnetodotogia de trabajo que permita a todas tas Administraciones aportar sus patiuaiddesynecesidadesconcretas,estabeciendouncaendaNo paaeko, asicomoadefinirtospNnciposbaicosquerijan etnuevo modelo de financiación autonómica que, a nuestro entender, deberían ser los que manifestamos a continuación.

 

19. La asignación de recursos entre las Comunidades Autónomas debe tener como objetivo inexcusable que todas podamos prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios.

 

20. Para ello, consideramos necesario reforzar el principio de suficiencia, que garantice a las comunidades recursos suficientes para prestar los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro, dentro de unos estándares de calidad aceptables. En este sentido, el nuevo modelo tiene que preservar la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de forma homogénea, a través de la vinculación de los recursos que atribuye el sistema de financiación a la evolución de las necesidades de gasto de las Comunidades y de los ingresos totales del Estado, por supuesto alentando la responsabilidad de las autonomías en el ejercicio de su capacidad normativa.

 

21. Defendernos la creación de un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las Comunidades Autónomas. La potenciación de los mecanismos de nivelación, a través de una dotación suficiente de los mismos debe garantizar el cumplimiento de este principio.

 

22. Debe aprovecharse la definición de un nuevo modelo para corregir los déficits de financiación que sufren todas las comunidades autónomas en el modelo vigente, dotando al sistema autonómico de mayores recursos.

 

23. Así mismo, defendernos iniciar las negociaciones con la incorporación de ta cláusula tradicional en todas las reformas anteriores, conforme a fa cua ninguna Comunidad Autónoma recibe menos financiación como conseuencia de fa modficación del sistema.

 

24. Las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deberán fijarse atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales. Además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población son condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantiflcarse de fornna connpteta y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema.

 

25. De forma específica, se debe evaluar los gastos vinculados a la educación, sanidad y servicios sociales, dado su elevado peso relativo en todas las Comunidades Autónomas. Especialmente en estas áreas deben tenerse en cuenta factores de coste consustanciales a la población, destinataria en última instancia de los servicios públicos. No sería posible la consecución de un sistema de financiación justo e igualitario sin tener en cuenta los efectos reales sobre el coste de los servicios de la extensión del territorio, de la baja densidad y de la dispersión que obliga a los poderes públicos a multiplicar las unidades de prestación de servicios de cercanía (escuelas, centros de salud, centros de día...) o del envejecimiento que suele ir asociado a una mayor dependencia, prevalencia de patologías y con el consiguiente gasto farmacéutico, que conlleva necesariamente diferentes intensidades en la utilización de los servicios públicos. lgualmente, proponemos la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en el coste de la prestación de servicios.

 

26. En particular, la sanidad pública y su dinámica de crecimiento de gasto, aún más intensificada con la pandemia todavía vigente, debe ser objeto de un análisis especial en la próxima negociación. El peso de la sanidad en el sistema debe adecuarse al gasto real de las Comunidades Autónomas, incluidos los gastos estructurales que ha dejado la pandemia. En concreto, se valorará de forma adecuada el impacto de cada grupo de edad que forma parte de la población protegida equivalente, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores 85 años) y aumentando su ponderación. Además, se realizarán revisiones periódicas para ajustar estos indicadores y ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación.

 

27. Se evaluará de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia. La financiación deberá ser suficiente para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en esa norma, y se realizará conforme se establece en el Informe de la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de Dependencia. En especial, se tendrá en cuenta un nuevo grupo de edad a partir de 85 años, donde se concentran un mayor porcentaje de grandes dependientes destinataNos de tos cuidados rnãs intensivos detsistenna.

 

28. Se tendrán en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio terNtoNat entre zonas densannente pobladas y zonas en decüve demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas. Asi mismo, et sistema debe garantizar un desarroko econónnicosostenibeeintegadopaatodos,prestandoatenciónaa inversión en políticas de conciliación, de apoyo a la natalidad y de dotación de recursos para el desarrollo rural.

 

29. El nuevo modelo debe hacer plenamente efectivo el principio de lealtad institucional y seguridad jurídica, de tal forma que en las decisiones de la Administración General del Estado que afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios éstas deben poder ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse. A tal efecto, deberá procederse a la cuantificación de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos, así como a los que puedan surgir por el impulso desde la Administración General del Estado de nuevos servicios que vayan a ser gestionados por las Comunidades Autónomas.

 

50. Además, el cierre del modelo requiere la correcta definición y valoración de otros recursos de las Comunidades Autónomas que no forman parte del sistema de financiación autonómica en sentido estricto, pero que sí que aportan recursos adicionales decisivos para garantizar el desarrollo de nuestras Comunidades Autónomas, lo que implica:

 

• 1 PotenciataspoRticasdedesarokoregionatyenconcreto,det Fondo de Compensación lnterterNtoNaÇ instrumento constitucionalmente ügado at pNncipio de soüdaNdad a través de recusos adcionates a tos del sistema de flnanciación, medianteunaadecuadadotaciónpeupuestaNayunareforma de tos etennentosconflguradores del Fondo.

 

• 2 Una evaluación de la situación actual y futura de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comuniddes Autónomas, bao a pemisa de que las medds que se adopten deberán respetar unaiguatdad de trato entre todas las Comunidades Autónomas y no generar ningún perjuicio financiero a ninguna de ellas.

 

• 3 En la misma línea, defendernos que el reparto de los Fondos Next Generacion se haga de forma equitativa mediante el establecimiento de criterios estables y objetivos.

 

• 4 La evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local sobre la financiación y las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas. En este ámbito, también consideramos necesario que se aborde la necesaria reforma de la financiación local.

 

• 5 Los órganos de cooperación interadministrativos velarán de forma efectiva porque los recursos asignados a través del sistema de financiación no se detraigan por otras vías con interpretaciones discutibles de la normativa tributaria, como ha sucedido con la repercusión del impacto de la implantación del SII en el IVA cedido a las Comunidades Autónomas o la sujeción a IVA de las transferencias de financiación de las televisiones autonómicas. En este último ámbito, tras la sentencia del 16 de septiembre de 2021 del TJUE, solicitamos el reconocimiento de la Administración tributaria estatal de la naturaleza esencialmente económica de la actividad desarrollada por estos medios, con deducibilidad total del IVA soportado hasta el 2021 y reconocimiento de un mínimo de deducibilidad a partir de 2022.

 

51. Por último, manifestamos que los Fondos Next Generacion habilitados por la Unión Europea son una oportunidad única para consolidar la ecuperaióneconónnicataetimpatoocasionadoporapandemia,  asi conno para acelerar tas transformaciones necesaNas de nuestro modetopoductivo.

 

52. En este sentido, apoyamos el objetivo de una transición económica hacia un modelo más verde y sostenible, que debe acometerse de forma justa, ordenada e inclusiva, muy en especial con las personas trabajadoras de las zonas afectadas por el cambio de sistema productivo. Para ello se deben garantizar las medidas adecuadas para evitar los impactos negativos sobre el tejido empresarial e industrial e incrementar ta cuantia de tos fondos destinados a tos terNtoNos más perjudicados por esta transformación hacia la neutralidad climática, con la que estamos plenamente comprometidos.

 

53. Abogamos por una asignación de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos públicos y privados que garanticen una salida cohesionada de la crisis, y permitan que la recuperación llegue a todos de forma equitativa. En este sentido, la Administración General del Estado debe adoptar tanto tos cNteNos que garanticen una convergencia en renta per cápita de tas diferentes partes detterNtoNo conno cNteNos vinculados atretodemogMflco,haciendoque tarecupeaciónkegueatodosde fornna equitativa.

 

54. Solicitamos que no compita la asignación de recursos de la política de cohesión con el reparto de los fondos de recuperación, de modo que se asegure la complementariedad y un uso óptimo de los recursos en los territorios con importantes desventajas demográficas.

 

55. También reivindicamos la necesidad de una cogobernanza multinivel realmente efectiva mediante una mayor capacidad de decisión para las autonomías en la asignación de Fondos, e incidimos en que el Gobierno cumpla su compromiso de dedicar el 50% de los Fondos que se reciban de la Unión Europea a las Comunidades Autónomas.

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 25 de noviembre de 2021

 

Presidente

de ía Xunta de Galicia

 

 

 

 

 

 

Alberto Núñez Feijóo

 

Presidente

dei Principado de Asturias

 

 

 

 

 

 

Adrián Barbón Rodríguez

 

Presidente de ía Junta de Castiíía-La Mancha

 

 

 

 

 

 

Emiliano García-Page Sánchez

 

Presidente de ía Comunidad Autónoma de Extremadura

 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Fernández Vara

Presidente de ía Comunidad Autónoma de Cantabria

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Revilla Roiz Presidenta de ía

Comunidad Autónoma de La Rioja

 

 

 

 

 

 

 

Concepción Andreu Rodríguez

 

Presidente

dei Gobierno de Aragón

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Lambán Montañés

 

Presidente de ía Junta de Castiíía y León

 

 

 

 

 

 

Alfonso Fernández Mañueco

 

 

ADDENDA A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

QUE SUSCRIBEN LAS CCAA DE GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA, CASTILLA LA MANCHA, ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN

Las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Aragón y Castilla y León mostramos nuestro apoyo a la ganadería extensiva, fundamental en la economía de las zonas rurales; apoyamos a las comunidades que albergan la práctica totalidad de lobos de España en sus planteamientos para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de esas comunidades; y pedimos al Gobierno central que recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación del lobo en nuestro país.

 

Santiago de Compostela, 25 de noviembre de 2021

 

Presidente

de ía Xunta de Galicia

 

 

 

 

 

 

Alberto Núñez Feijóo

 

Presidente

dei Principado de Asturias

 

 

 

 

 

 

Adrián Barbón Rodríguez

 

Presidente de ía Comunidad Autónoma de Cantabria

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Revilla Roiz

 

Presidente dei Gobierno de Castiíía La Mancha

 

 

 

 

 

 

Emiliano García-Page Sánchez

 

 

 

Presidente de ía Comunidad Autónoma de Aragón

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Lambán Montañés

Presidente de ía

Junta de Castiíía y León

 

 

 

 

 

 

Alfonso Fernández Mañueco