Ángela Vallina denuncia un debilitamiento de la entidad postal, con reducciones de plantilla y la desviación de actividades rentables a una filial
La Junta General ha aprobado hoy la proposición no de ley de IU para garantizar la prestación del servicio postal público y su permanencia en la Comunidad Autónoma. La iniciativa, discutida esta tarde, contó con el respaldo de todos los grupos salvo la ultraderecha, que votó en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo. La propuesta pretende revertir el proceso paulatino de contracción de la red del servicio postal, que se ha saldado, solo en Asturias, con una disminución de 60 puestos de trabajo en zonas rurales, en una política que choca con los objetivos en la lucha de reto demográfico. La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha denunciado el proceso de debilitamiento de la entidad, con el “trasvase” de líneas de negocio rentables, pero también con la venta del patrimonio histórico.
Vallina ha enfatizado la importancia de un servicio público de correos, más en las zonas rurales. Por eso, ha concluido la parlamentaria, “hay que revertir esa situación y por eso planteamos la necesidad de presentar y discutir esta proposición no de ley, que tiene por objetivo garantizar la prestación del servicio postal público y su permanencia en esta Comunidad Autónoma”
A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a través de su Portavoz, Ángela Vallina de la Noval, al amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente proposición no de ley, para su debate en comisión
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
En un contexto como el actual, el Servicio Postal Público prestado por Correos juega un indudable y valioso papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal, como autonómico, provincial, y, especialmente, municipal (sin olvidar la proyección internacional del mismo). Lo hace atendiendo diariamente todas las localidades y municipios del Estado, y garantizando la prestación de un servicio público a la ciudadanía, empresas y Administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de la rentabilidad económica.
Como muestra de su capacidad vertebradora, el Correo público de nuestro país hace llegar los envíos postales a más de 8.000 municipios, 16 millones de hogares (familias), 3,2 millones de empresas (más de un 99% son Pymes) y un total de 7.100 puntos de atención al ciudadano/a en el ámbito rural (carteros/as rurales y oficinas); para lo que se realizan más de 100.000 kilómetros diarios.
El servicio postal universal fue declarado durante el Estado de Alarma servicio esencial, jugando un papel clave en un momento tan crítico como lo fue el inicio de la pandemia provocada por la COVID. Algo que, en ningún caso, podría haberse hecho desde el ámbito privado, orientado a la rentabilidad económica y no a dar una respuesta social a las necesidades del conjunto de la ciudadanía.
Por eso resulta preocupante la actual política de debilitamiento del servicio público postal y del operador público que tiene encomendada su prestación, Correos, que está llevando a cabo la Dirección de Correos mediante trasvases de actividad de la matriz a la filial Correos Express, la externalización de ciertos servicios rentables de la compañía, la cesión o venta del patrimonio inmobiliario histórico de Correos, 19 edificios en los dos últimos años y un total de 88 este año. También por los resultados económicos negativos (275 millones de déficit en los PGE-2021). Por ello creemos que se requiere una reconducción en el rumbo de su liderazgo y gestión.
No es aceptable que, mientras se ensalza la reversión de la España vaciada, se recorten servicios rurales y servicios en general, menguando el derecho de la ciudadanía a la recepción de correspondencia de forma accesible y asequible. No es aceptable, tampoco, la reducción de la financiación pública, que se ha quedado lejos de los 220 millones acordados en la Comisión Mixta Fomento en 2017 (110 millones menos en los PGE-2021, y casi 100 millones menos en el futuro Plan de Prestación del Servicio Postal Universal).
El resultado es que, concretamente, en la Comunidad Autónoma de Asturias Correos ha suprimido 60 puestos de trabajo, pérdida en los servicios rurales, reducción de jornadas para los puestos de agentes de clasificación en el Centro de Tratamiento de Llanera reducción de horarios de Atención al Cliente e incluso cierres de Oficinas. Asimismo, la empresa pública está llevando a cabo un recorte en la contratación que está dejando sin cubrir el empleo estructural y cualquier tipo de permiso o licencia.Como consecuencia, la prestación del servicio público postal bajará su calidad drásticamente.
Correos ha adoptado esta decisión sin que, previamente, se haya consultado o informado por vía alguna a los representantes políticos del Parlamento de Asturias, a pesar de afectar directamente a los intereses de los ciudadanos/as.
Y todo ello cuando la actual ley postal y otras normas dependientes reconocen sin lugar a duda que: Todos los usuarios/as, remitentes o destinatarios de envíos postales, tienen derecho a un servicio postal universal de calidadprestado de forma permanente, en todo el territorio nacional y a precios asequibles, al menos cinco días a la semana, conforme a la normativa europea y nacional de aplicación. El alcance y la prestación efectiva del servicio postal universal deberán responder a los principios de cohesión social y territorial, no discriminación por razón de cualquier circunstancia o condición personal, social o geográfica, continuidad, eficacia y eficiencia en el servicio, y deberá adecuarse permanentemente a las condiciones técnicas, económicas, sociales y territoriales y a las necesidades de los usuarios/as, en particular en materia de densidad de puntos de acceso y de accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su calidad.
PROPOSICIÓN NO DE LEY.
La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno Central a fin de que adopte las siguientes medidas para garantizar la prestación del servicio postal público y su permanencia en esta Comunidad Autónoma:
1. Reforzar la financiación del servicio público postal, claramente insuficiente en la actualidad, en el próximo Plan de Prestación a aprobar por el Consejo de ministros, de modo que se asegure un servicio de calidad para el conjunto de la ciudadanía. Tambien para asegurar la cohesion social, económica y territorial.
2. Incluir a Correos, la mayor empresa pública de nuestro país, en el reparto de los Fondos para la recuperación, transformación y resiliencia, para que juegue un papel clave en la respuesta que, como sociedad, debemos dar a la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID.
3. Actualización y mantenimiento de las Oficinas auxiliares (rurales) y Unidades de Reparto existentes en las zonas Rurales, claves en la reversión de la “España Vaciada”, Es la única manera de contribuir a que aquellas áreas geográficas de reparto deficitarias económicamente para que puedan disfrutar de un Servicio Postal en igualdad de condiciones respecto a la población de los grandes núcleos urbanos.
4. Refuerzo de la capilaridad de Correos ampliando el número de oficinas, unidades de reparto y centros de tratamiento con el fin de lograr el mayor acercamiento al ciudadano/a y lograr las condiciones óptimas de accesibilidad marcadas por la Ley Postal y la Directiva Postal Europea.
5. Garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios, hoy claramente insuficientes, para dar cobertura y garantizar un servicio postal público de calidad con empleo y derechos de calidad.
6. El cumplimiento de los parámetros de calidaddeterminados por la Ley Postal y el Reglamento que regula la prestación del Servicio Postal Universal, y en definitiva se aborde de forma eficaz y eficiente el correcto y necesario desempeño de la prestación de los Servicios Postales Públicos, con el objetivo de asegurar a todos los ciudadanos/as de la Comunidad Autónoma de Asturias la recepción de su correspondencia, al menos 5 días a la semana como se encuentra también establecido en la Directiva Postal Europea
