- El vicepresidente afirma que su labor se valorará de manera “integral, rigurosa y objetiva” para conseguir una gestión eficaz
- Juan Cofiño avanza en la Junta General los principales contenidos de la reforma de la Administración autonómica
El Gobierno de Asturias se propone establecer en la Administración autonómica un sistema retributivo y de carrera profesional que consolide derechos adquiridos y premie la excelencia y la profesionalidad por la consecución de objetivos directamente relacionados con el buen funcionamiento de los servicios públicos. Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, durante su comparecencia en la Junta General, donde ha avanzado algunas de las medidas que se implantarán para conseguir una Administración más eficaz y moderna.
El consejero ha señalado que el anteproyecto de Ley del Empleo Público, uno de los pilares fundamentales de la reforma, propone incentivos para los empleados públicos “que diferencien adecuadamente el buen desempeño laboral y el logro de objetivos del que resulta insuficiente”. “El trabajo de los empleados públicos se valorará de manera integral, rigurosa y objetiva”, ha precisado Cofiño.
Estos cambios se materializarán a través del desarrollo reglamentario de la futura norma y en el marco de la negociación colectiva, bajo los principios de buen funcionamiento de los servicios públicos y la excelencia del personal que garantiza su funcionamiento.
Entre otros aspectos, la ley clarifica las funciones del personal, ordena las competencias de los órganos administrativos, plantea un sistema de cuerpos y escalas acorde con las necesidades actuales, potencia áreas como la informática y las nuevas tecnologías e incorpora mecanismos para una gestión eficiente de los recursos humanos.
Asimismo, desarrolla la figura de personal directivo “con un modelo que se inserta en el ámbito funcionarial, optimizando el papel de los empleados públicos en este nivel profesional inmediatamente anterior al de los cargos políticos”, según ha explicado el vicepresidente. “Los legítimos derechos de los empleados públicos, salvaguardados por la legislación básica y la autonómica que se proyecta aprobar, deben ser compatibles con el interés general y la eficacia”, ha añadido.
