P.A.L./Oviedo Diario.-Era lo esperado. Tras el carpetazo municipal al plan de  los aparcamientos de Uría, el juez Miguel Ángel Carbajo, titular del juzgado de lo contencioso-administrativo nº3 de Oviedo, ha  admitido el recurso de la empresa constructora Comamsa, sobre la retasación del palacete de ‘Villa Magdalena’. 14 años  después de la expropiación, el conflicto vuelve al punto de partida. La empresa constructora, en 2007, presentó la solicitud de retasación, ante los impagos del consistorio, que no cumplió sus acuerdos, desatendiendo las indicaciones del Jurado Provincial de Expropiación, ratificados por el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, elevaba la factura por el palacete hasta los 63 millones y reclamaba este derecho ante los tribunales. Tres años después,  el Ayuntamiento abandonó el proceso judicial y ‘pactó’ con Comamsa el plan de los aparcamientos, dando por buena la valoración económica de la empresa sobre los bienes expropiados.

El pasado 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Oviedo, asesorado por el catedrático Raúl Bocanegra, dió carpetazo al expediente de ‘Villa Magdalena’, negando a Comamsa la posibilidad de solicitar una nueva retasación sobre el palacete. Un acto «temerario» y con «flagrante mala fe», según el auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo, que ha dado la razón a la empresa a la hora de pedir una nueva valoración del bien expropiado. El juez  Carbajo ha valorado los argumentos de Comamsa, y ordena ahora al consistorio ‘poner precio’ a Villa Magdalena’, para poder continuar con el proceso de la retasación. Si Comamsa pide la ejecución provisional del auto -el Ayuntamiento tiene derecho a recurrirlo-, el equipo de gobierno tiene 20 días para presentar su hoja de aprecio. Un nuevo capitulo del un ‘culebrón’ judicial por ‘Villa Magdalena’. El Ayuntamiento ha pagado hasta la fecha 16 millones de euros por el palacete, y tras la anulación del convenio urbanístico que contenía el plan de los aparcamientos de Uría, en el que Comamsa se reservaba el derecho a pedir una nueva retasación, la empresa solicita 63 millones.

El juez, en su auto, señala que los argumentos del Ayuntamiento, «parece que pretenden dilatar la ejecución indefinida en el tiempo», y no justifican los motivos del consistorio para no conceder el derecho a la retasación. Raúl Bocanegra utilizó la anulación del convenio -tumbado en los tribunales- para ‘blindar’ al Ayuntamiento, afirmando también que trataba de un contrato administrativo que había sido ‘liquidado’, y que por tanto Comamsa perdía todos sus derechos. El juez concede al catedrático «cierto ingenio jurídico», aunque también «repele a los derechos básicos del derecho a la tutela judicial efectiva».