La plataforma gallega Cornado Mina Non (Touro, A Coruña), denuncia que la asociación instrumental creada por el entorno de la empresa Cobre San Rafael está poniendo de ejemplo para convencer a los vecinos "el proyecto extractivo más contaminante de Asturias".

El colectivo detalla en un comunicado que la mina de oro de El Valle-Boinás, operada por Orovalle Minerals S.L. y a su vez filial de la canadiense Orvana Minerals Corporation acumula sanciones ambientales por la grave contaminación causada en la cuenca del Narcea, lo que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a actuar en febrero de este año solicitando una multa de 20 millones de euros para la minera por los daños ocasionados al dominio público hidráulico, hechos ya denunciados desde hace años por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies.

Por este motivo, la entidad muestra su sorpresa de que la mina de oro del Belmonte de Miranda fuera el destino elegido por la asociación instrumental de la empresa Cobre San Rafael -autodenominada "Asociación Plataforma de Trabajadores Mineros Touro-O Pino" para organizar una visita guiada a principios del verano con el objetivo de mostrar a sus "afiliados" el ejemplo de una explotación "comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente" llegando incluso a incluir imágenes de la explotación en un vídeo promocional distribuido en redes sociales como herramienta de propaganda de las empresas que respaldan a la mercantil, Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas.

Para el grupo causa sorpresa "que este mismo proyecto minero ya fue sancionado de manera contundente en 2014 con 84.000 euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) por el vertido de metales pesados y otros elementos peligrosos al río Cauxa, afluente del Narcea, "pasando por encima de las autorizaciones ambientales", hechos que se vieron amplificados ese mismo año cuando la minera recibió una nueva sanción de 242.920 euros poa la CHC por nuevos vertidos en niveles peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, llegando las denuncias contra la compañía incluso al Parlamento Europeo.

Cornado Mina Non pudo acceder a los expedientes en la CHC en los que el organismo de aguas, textualmente, señala el grave incumplimiento y de manera reiterada en los límites de emisión de vertido impuestos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la explotación otorgada por el Principado de Asturias.

En este sentido, los escritos del organismo de cuenca señalan que "la mayor parte de las sustancias que incumplen las condiciones de autorización son sustancias peligrosas" tales como arsénico, cobre, zinc, níquel, cianuros, fluoruros y mercurio y el río Cauxa "no alcanza el buen estado ecológico ya que se detecta habitualmente la presencia de selenio en concentraciones que superan la norma de calidad ambiental", unas circunstancias que "ponen de manifiesto que la citada autorización ambiental resulta susceptible de ser revocada teniendo en cuenta la naturaleza de su incumplimiento".

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA EN LA MINA DE EJEMPLO PARA TOURO

Por otra parte, de las diligencias practicadas por la Fiscalía de Medio Ambiente asturiana que se han conocido este año, queda patente que el río Cauxa, tributario del Narcea, viene soportando a su paso por las instalaciones mineras la emisión de sustancias consideradas como peligrosas atribuibles a Kinbauri España S.L. -actualmente bajo la denominación de Orovalle Minerals S.L.- y que en algunos casos los niveles de elementos especialmente tóxicos como el selenio y el arsénico sobrepasan los límites autorizados suponiendo una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.

Por este motivo, el Ministerio Fiscal ha solicitado a la minera -que a día de hoy Cobre San Rafael y su colectivo satélite ponen de ejemplo- una multa de 20 millones de euros por un delito continuado "contra los recursos naturales y el medio ambiente" solicitando asimismo una indemnización al Estado por los daños causados al dominio público hidráulico cuantificada en más de 5 millones de euros (5.158.548,88€), así como el cierre de la operación minera por un período de hasta cinco años.

Para Cornado Mina Non "estas son las circunstancias en las que Cobre San Rafael y su asociación instrumental intentan vender el proyecto de reapertura de la mina de Touro como "minería sostenible", amparándose en la "exitosa" evolución" de los "trabajos" presentados por la mina de oro de Belmonte de Miranda, una situación que tampoco sorprende a la plataforma vecinal cuando el colectivo de la minera condiciona la entrega de currículums de los parados que a ella se presentan para inscribirlos en la citada asociación "de trabajadores mineros" simulando un apoyo social "basado en la mayoría de los casos en la desesperación de alguna gente por conseguir un puesto de trabajo" pero al mismo tiempo olvidando "que las consecuencias para el futuro pueden ser tan perniciosas como las presentes" al afectar a sectores productivos básicos como el agroganadero o el turístico, que son "en todos los casos incompatible con la elevada contaminación de ríos y acuíferos de toda la comarca provocada por la minería del cobre, la misma que ahora pretende disfrazarse de verde".

ATALAYA MINING Y EXPLOTACIONES GALLEGAS, DOS EMPRESAS CONOCIDAS POR SUS NUMEROSOS INCUMPLIMIENTOS AMBIENTALES

Cornado Mina Non considera que tal como se ha planteado el proyecto de reapertura de la mina de Touro "es social y ambientalmente inviable", en especial porque las dos empresas promotoras del plan minero, Atalaya Mining y Esplotaciones Gallegas hablan de satisfacer a través de su instrumental Cobre San Rafael "las condiciones ambientales más estrictas" cuando su pasado de actividad "está lleno de incumplimientos y sanciones administrativas", recordando ya que en 2017 la Fiscalía actuó de oficio presentando denuncia contra Atalaya Mining en su proyecto onubense de Riotinto por un delito de "contaminación atmosférica con grave riesgo para la salud de las personas" por la emisión incontrolada de nubes de polvo en 2016 que alertaron y perjudicaron a las poblaciones colindantes y que según demostró posteriormente el Instituto Nacional de Toxicología superan los límites de concentración de partículas además de los valores medios de cobre, zinc y arsénico "superando hasta diez veces los valores promedio", lo que le acarreó un expediente sancionador por parte de la Junta de Andalucía de 105.000 euros.

Por su parte, Explotaciones Gallegas acumula expedientes sancionadores, como los dos impuestos en 2018 y 2019 de 20.000 y 30.000 euros respectivamente por vertidos ilegales de aguas residuales, habiendo recibido en los últimos años de Augas de Galicia hasta cuatro multas que superan los 60.000 euros, hechos que actualmente están bajo investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia.

UN PROYECTO INSOSTENIBLE A NIVEL AMBIENTAL Y SOCIAL

Teniendo en cuenta estos hechos, la realidad para el colectivo vecinal es que ni Atalaya Mining ni Explotaciones Gallegas como copartícipes de la empresa instrumental Cobre San Rafael están en condiciones de hablar públicamente de conceptos como "minería sostenible", "minería responsable" o de elaborar proyectos "con filosofía de vertido cero" cuando "ni tan siquiera son capaces de aplicarlos en su actividad cotidiana".

Para Cornado Mina Non, "la minera parece olvidar que la Administración gallega ya se ha posicionado dos veces en contra de la reapertura del complejo minero" afirmando que el proyecto "no garantiza la sostenibilidad ambiental" ni la seguridad para la salud humana y los ecosistemas tras recibir informes técnicos "desfavorables" e "insalvables" de dos organismos de la Xunta como la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y Augas de Galicia.