El acuerdo promueve la formación específica y personalizada de las personas que perciben la renta mínima con el fin de facilitar su incorporación al mercado de trabajo
- Una comisión mixta asumirá la vigilancia, seguimiento y control del acuerdo y sus resultados
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) han firmado hoy un convenio de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) para promocionar el empleo de las personas beneficiarias del salario social básico, fomentar la inclusión social y reducir las cifras del paro.
El convenio, similar a que el Gobierno de Asturias firmó en julio con la empresa Tragsa, facilitará la incorporación de las personas beneficiarias de la renta mínima al sector de la construcción. La FLC impartirá cursos orientados a fomentar la empleabilidad de las personas beneficiarias del salario social que estarán adaptados a su perfil profesional, promoverá la realización de prácticas y actuará como intermediador laboral en el desarrollo del Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad (Piome) y del Programa de Acciones de Orientación Profesional y Autoempleo (Opea).
Para llevar a cabo el seguimiento de los resultados de este convenio, se ha constituido una comisión mixta que asumirá la vigilancia y control de la ejecución de los acuerdos y de sus resultados.
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha destacado la importancia de fomentar el empleo en colectivos en riesgo de exclusión social. “Este Gobierno siempre ha defendido la importancia de que nadie se quede atrás, por eso apostamos por este tipo de convenios, que sin duda facilitarán que mucha gente recupere su estabilidad laboral y pueda desarrollar un proyecto de vida con autonomía”, ha valorado.
Por su parte, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha subrayado que desde el Gobierno de Asturias se trabaja en esta dirección desde hace varios años, mediante programas como los planes locales de empleo, en los que el 15% de las plazas previstas están destinadas a perceptores del salario social básico. “Esto ha permitido a más de 300 personas disfrutar de un contrato de un año de duración en algunos de los municipios o entidades sin ánimo de lucro que desarrollan estas iniciativas”, ha explicado.
