Químicos, biólogos, físicos y geólogos lamentan que el Ministerio de Universidades no los citase para conocer su posición sobre la nueva formación universitaria, de la que se consideran “actores principales”
MADRID. 02/09/2021. Las profesiones científico-técnicas _representadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos, Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, Colegio Oficial de Físicos y Colegio Oficial de Geólogos_ denuncian que el Gobierno central, a través del Ministerio de Universidades, “ignora y ningunea” a los profesionales con formación universitaria y a sus entes colegiados de representación en la negociación para desarrollar la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada por el Consejo de Ministros y que será remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación final.
Las profesiones científico-técnicas, que se consideran “actores principales” del ecosistema universitario y cuya representación se canaliza a través de corporaciones de derecho público reconocidas en la Constitución, quieren dejar patente su “disgusto y malestar” por el trato dispensado por el Ministerio de Universidades, que dirige Manuel Castells, hacia las profesiones universitarias que representan. Además, recuerdan que la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, en su artículo 5, detalla las funciones de los entes colegiales, entre las que está “participar en los Consejos y Organismos consultivos de la Administración” y “participar en la elaboración de los planes de estudio”.
“No entendemos que el Ejecutivo central haya convocado y pedido el parecer de asociaciones que poco o nada tienen que ver con sistema universitario y, una vez más, hayan dejado de lado a las profesiones universitarias y a sus profesionales”, apuntan al unísono los representantes de estas cuatro profesiones con un elevado grado de especialización: Antonio Macho, decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos; Eduardo Morán, decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos; Gonzalo Echagüe, presidente del Colegio Oficial de Físicos y Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos. Y recuerdan que la LOSU “es fundamental para nuestros profesionales” porque “afecta a los estudios que habilitan para ejercer nuestras profesiones”.
Macho, Morán, Echagüe y Regueiro no encuentran explicación para justificar su ausencia en la ronda de conversaciones previa a la aprobación de la LOSU por el Consejo de Ministros. “El ministro de Universidades, que tanto se ufana en destacar su apuesta por el diálogo, no se dignó en llamarnos para conocer nuestra opinión argumentada sobre las reformas que diseñan el nuevo sistema universitario; porque si hay un objetivo clave, es formar para el ejercicio profesional, y, en ese caso, solo nosotros tenemos una perspectiva de las profesiones científico‑técnicas, aspecto imprescindible para incluir en el debate de la nueva reforma del sistema universitario”. “Aunque parezca que es tarde, todavía queda una última oportunidad para dar voz a los profesionales científico-técnicos”, argumentan.
Los Consejos Generales y Colegios Oficiales de las cuatro profesiones científico-técnicas, que reivindican el protagonismo que deben jugar sus instituciones colegiales en el diseño de la formación de los futuros profesionales, no lo dan todo por perdido para hacer oír su voz y para que sus argumentos sobre la reforma del sistema universitario sean tenidos en cuenta. En los próximos meses intensificarán los contactos con las fuerzas políticas que cuentan con representación en el Congreso de los Diputados, donde la LOSU será tramitada y, previsiblemente, aprobada para su entrada en vigor.
“Para saber cuál es la excelencia académica necesaria de un futuro profesional y su tiempo de formación, nadie mejor que los propios profesionales en su ejercicio y a través de sus Colegios Profesionales, con las particularidades y conocimientos que les son propios”. Los representantes de estas cuatro profesiones aprovechan la ocasión para reivindicar y defender el papel que juegan los entes colegiales en la sociedad, a la hora de aportar “seguridad, conocimiento, ética y garantías de una buena praxis, asegurada por una deontología propia; además de resultar clave poder garantizar unos mínimos de formación que aporten esa solvencia profesional”.
