COMUNICADO DE PRENSA
La actuación de las denominadas “brigadas anti-botellón”, compuestas por vecinos, presuntamente de la comisión de festejos, y miembros del 112 Asturias (entendemos que voluntarios de la agrupación municipal de Protección Civil de Langreo), previstas para el día 8 de septiembre durante la celebración de los festejos de Ntra. Sra. Del Carbayu (día de Langreo) en el Santuario y alrededores que lleva su mismo nombre es, cuanto menos, ilegal y contraria a la normativa reguladora vigente.
En el caso que nos ocupa, tanto los miembros de la asociación de festejos de “El Carbayu”, como los componentes de la agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil, no pueden ampararse bajo ningún concepto legal en el ejercicio de tales funciones preventivas, mucho menos sancionadoras o coercitivas, pues no disfrutan de tal privilegio, siendo su calificación la de simples ciudadanos que cooperan u organizan una actividad festiva, cultural o religiosa, pero únicamente están capacitados para desarrollar tales acciones, y NO para el control de las infracciones administrativas
Deben ceñirse, exclusivamente, a unas funciones concretas y específicas, incluyendo a los Voluntarios de Protección Civil, los cuales carecen de formación, capacitación ni autorización administrativa correspondiente para desarrollar funciones de control, identificación de estas, desalojar o impedir el acceso o permanencia en la vía pública de personas, afectando, de la misma manera, a los asociados o componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Festejos “El Carbayu”.
El control, prevención, represión o sanción del consumo de alcohol en la vía pública, solo puede ser desarrollado por los Cuerpos Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local o, en su defecto, por Vigilantes de Seguridad o Guardas Rurales Habilitados por el Ministerio de Interior y contratados a través de empresas de seguridad privada con la oportuna autorización de la Delegación del Gobierno y el preceptivo informe positivo de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, tanto el ámbito urbano como rural y bajo la coordinación policial, actividades ya desarrolladas con éxito por parte de otras entidades y ayuntamientos de Asturias.
De proseguir con la intención de implantar este dispositivo “ciudadano” de control de la actividad en la fecha indicada, nuestra asociación, a través de sus servicios jurídicos, se vera en la obligación de interponer cuantas acciones legales se consideren oportunas ante las administraciones competentes, tanto en el ámbito civil, penal o administrativo, contra los organizadores, quienes participen activamente o les ofrezca cobertura.