Ayer se cumplía una semana en vigor de la conocida como ‘Ley Rider’, impulsada por el Gobierno a través de un acuerdo con patronal y sindicatos para blindar la laboralidad de los repartidores que trabajan para grandes plataformas digitales. Una norma que, como ha venido valorando la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), supone “un primer paso muy importante” en la lucha contra el uso fraudulento que estas multinacionales hacen del trabajo autónomo para negar derechos a sus trabajadores. Sin embargo, esta semana con la reforma ya operativa ha revelado, según UATAE, que “muchos de estos buitres digitales no están dispuestos a cumplir la ley sin más, por lo que es imprescindible un refuerzo en la Inspección de Trabajo para hacer valer la normativa”. Así se ha pronunciado María José Landaburu, secretaria general de UATAE que acompañó a la plataforma Riders X Derechos en junio de 2020 a la reunión con la ministra Yolanda Díaz en la que arrancaron al Ejecutivo el compromiso de la ley.

UATAE ha reflexionado sobre lo “significativo” que resulta que sólo una de las grandes plataformas de ‘delivery’ (Just Eat) esté negociando ya con los sindicatos el primer convenio colectivo del sector, mientras que Deliveroo anunció que abandonaría su actividad en España para evitar ceñirse a la ley. “Que haya sólo una compañía cumpliendo claramente con la ley es lamentable, pero a la vez evidencia que el problema no es intrínseco a la naturaleza de la actividad ni de modelo de negocio, sino de prácticas deliberadamente abusivas disfrazadas de innovación tecnológica”, apunta Landaburu. UATAE denuncia especialmente cómo Glovo, que anunció que sólo contratará en plantilla a un 20% de sus ‘riders’, está “jugando de manera abusiva con los algoritmos con los que organiza la asignación de repartos”, sometiendo a los repartidores a una “subasta a la baja” en las tarifas aplicadas para, por un lado, abaratar costes y por otro lado, dar una “apariencia de flexibilidad” que permita revertir la presunción de laboralidad y mantenerles como falsos autónomos. La presión y movilización de los propios riders ha revertido en parte estos cambios de algoritmo pero, recuerda UATAE, “hay que dar seguridad jurídica y certeza a las expectativas de estabilidad y derechos de estos trabajadores, que siguen estando en un limbo por los incumplimientos de Glovo”.

Landaburu asume que las deficiencias estructurales de la Inspección de Trabajo, con una plantilla mermada tras años de recortes de los gobiernos del PP, “no van a resolverse de la noche a la mañana” y reconoce que el actual ministerio “está haciendo un esfuerzo importante, pero urge redoblarlo fijando el cumplimiento de esta nueva norma como una prioridad, para así atajar cualquier tentativa de sentimiento de impunidad por parte de las plataformas que pueda asentarse”. Igualmente, UATAE recuerda que “tiene abierto y plenamente operativo” un portal web de Observatorio del Falso Autónomo (http://observa.uatae.org) en el que las víctimas de esta lacra -del sector del ‘delivery’ y otros- pueden consultar sobre sus derechos y hacer llegar sus casos a través de un formulario para recibir asesoramiento sobre cómo actuar.