Asturias.-Izquierda Unida y Podemos Asturies han exigido hoy al Gobierno de Asturias que resuelva el conflicto en el Centro Materno Infantil, con una reversión de todos los despidos, amortizaciones de puestos de trabajo y ceses producidos en los últimos meses del personal adscrito al mismo. El diputado y coordinador general de IU, junto al diputado Rafael Palacios, y el presidente del comité de empresa, Antonio Iglesias, han rechazado hoy la política laboral de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para con este servicio de atención a la infancia vulnerable, en una rueda de prensa en la que los dos partidos han presentado una proposición no de ley conjunta para revertir la situación y asegurar el mantenimiento de este equipamiento en su actual ubicación y con sus actuales funciones.
Zapico ha rechazado cualquier merma en el empleo público o de la calidad de los servicios públicos. Frente a ello, ha exigido que se salga con un "entendimiento" entre Derechos Sociales y el comité de empresa. "La Consejería tiene que hacer un esfuerzo, con Función pública también, para entenderse con el comité de empresa y buscar una salida pactada a esta situación".
El coordinador de IU ha recordado cómo en el otoño pasado, el bloque progresista fue capaz de entenderse con el Gobierno socialista para construir "un corazón social" en torno a los presupuestos. "Ese corazón social lo hay que mimar, lo hay mantener y hay que preservarlo de achuchones y sustos como el que  ahora estamos viviendo en la situación del Materno. Por lo tanto, por el bien de ese corazón social y de los acuerdos progresistas en esta Comunidad Autónoma, de situaciones como éstas hay que salir con el diálogo y con el entendimiento con los representantes sindicales y evitar pues todo lo que tenga que ver con esta Consejería de Derechos Sociales que sea foco de conflicto o sea foco de protestas".
Rafael Palacios, de Podemos Asturies, ha reiterado que es imprescindible mantener el diálogo "serio y directo" con los representantes sindicales si, de verdad, se pretende llegar a una resolución del conflicto. El diputado ha criticado con dureza que se esté recortando empleo al tiempo que la Consejería externaliza servicios. Frente a ello, ha advertido, "vamos a defender el empleo público por encima de cualquier otra cosa. Por lo tanto, vamos a oponernos a cualquier recorte, a cualquier amortización de puestos de trabajo, y, sobre todo, y fundamentalmente, a cualquier despido. Y aquí lo que se está planteando por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar es, cuestión inédita en la historia de Asturias, que se despida a trabajadores públicos". En ese sentido, ha anunciado el rechazo frontal a esta política de recorte de empleo.
El presidente del comité, Antonio Iglesias, por su parte, ha pedido a la consejera Melania Álvarez que rectifique y que trabaje por llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores. "Los servicios sociales públicos no se pueden permitir la pérdida de empleo. Estamos para trabajar con los colectivos más desfavorecidos y vulnerables: entendemos que no se puede perder ninguna plaza ni, mucho menos, despedir trabajadores".

Para el representante laboral, es paradójico que se hable de sueldos desfasados a los altos funcionarios o de complementos de productividad cuando, en realidad, se va a precarizar empleo con sueldos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Queremos que no se despida a ninguna trabajadora y que no se precarice empleo y que no se modifique sustancialmente las condiciones de trabajo de una manera inaceptable".
Respecto a las excusas esgrimida por Derechos Sociales y Bienestar, que plantea que es la ley la que que exige que los niños y niñas estén de forma preferente en familias de acogida, Iglesias ha recordado que esa norma data de 2015 y, sin embargo, seis años después, la Consejería no ha hecho "los deberes" y carece de la red de familias acogedoras. De hecho, en estos momentos, hay 14 menores alojados en el Materno infantil y otros tantos alojados en entidades colaboradoras. La cifra podría ser muy superior, según ha denunciado Rafa Palacio, con el agravante de que existen niños y niñas, menores de 6 años, que llevan varios años en distintas instituciones sin que hasta la fecha se haya resuelto esta situación.