El Ejecutivo destaca el reconocimiento a las víctimas y establece medidas para la localización de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura. Por otro lado, el Gabinete ha regulado la venta al público sin receta de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19 y ha presentado la norma que mejora la protección a los consumidores.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de ley de Memoria Democrática. El anteproyecto, o texto inicial, aprobado en septiembre de 2020, ha sido completado desde entonces con las aportaciones de distintos informes, y ahora comenzará su tramitación parlamentaria.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha destacado, como objetivos principales de la futura ley, la recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos, los derechos fundamentales y su reivindicación, así como el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio de 1936 y de la dictadura.

"Esta es la primera ley en que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea", ha subrayado. Las violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese periodo se declaran injustas, se consideran ilegítimos los tribunales de excepción que dictaron sentencias y estas se declaran nulas.

Verdad, justicia, reparación y deber de memoria

Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

Bolaños ha explicado que el nuevo texto revisa y actualiza la Ley de memoria histórica de 2007, tal y como han reivindicado durante años el movimiento memorialista en nuestro país -al que ha agradecido su trabajo-, y organismos internacionales como Naciones Unidas o el Grupo de trabajo de desapariciones forzosas e involuntarias. Por ello, se basa en los cuatro principios fundamentales que establecen los organismos internacionales de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos.

El ministro ha afirmado que, así, "conseguimos que España tenga un régimen asimilable al del resto de los países europeos y de nuestro entorno que han sufrido dictaduras, que seamos un país más digno, porque atiende más a las víctimas, y que seamos un país más humanitario porque no se olvida de los familiares de personas que perdieron la vida luchando contra una dictadura o por la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales".

Las víctimas, eje fundamental

El principio de verdad se centra en la atención a las víctimas, que ocupan el papel central en la ley. Bolaños ha asegurado a las miles de personas que buscan los restos de sus familiares y antepasados que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión: "Será el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando de manera pausada, pero constante, en la recuperación de restos de personas que fueron represaliadas en su momento".

Con el fin de facilitar la localización e identificación de las víctimas, se prevé la creación de un banco nacional de ADN y la mejora del derecho de acceso a los archivos y fondos de consulta.

Asimismo, se plantea la creación de dos días de homenaje. La primera fecha, el 31 de octubre, será el Día de todas las víctimas de la guerra civil, del golpe de estado y de la dictadura. El 8 de mayo, Día de las personas exiliadas, se recordará a todas aquellas personas que tuvieron que abandonar España.

El ministro ha calificado también de homenaje el valor destacado que la ley otorga a las mujeres, muchas de las cuales fueron víctimas y represaliadas solo por su condición de tales, y ha reivindicado su papel como protagonistas principales de la vida política y cultural y de la recuperación de la democracia.

En cumplimiento del principio de justicia, la ley garantizará la investigación de todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron desde el golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución, y se creará una fiscalía de sala de memoria democrática.

La reparación será histórica y moral, ya que no se contemplan ni la responsabilidad patrimonial del Estado ni indemnizaciones económicas. Sí se hará una auditoría y un inventario de la incautación de bienes que fueron expoliados por el régimen franquista por razones políticas, de conciencia e ideológicas.

El deber de memoria se cumplirá con la inclusión de la memoria democrática en el currículum educativo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), el fomento de la investigación y la creación de un centro documental en Salamanca que abarque desde 1936 a 1978.

Otras medidas

El ministro ha destacado que la ley plantea dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Podrán hacerlo los hijos e hijas de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y perdieron su nacionalidad, y también los hijos mayores de edad de aquellos a quienes ya se les dio la opción de conseguirla en la ley de 2007: "Entonces solo afectó a los hijos menores, ahora abrimos también la posibilidad a los hijos mayores de edad en aquella fecha".

Respecto al Valle de los Caídos, la ley establece que no podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante. Se extingue, asimismo, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que proviene de un Real Decreto-ley del año 57, "contrario a la Constitución y a los valores democráticos", y se aprobará un nuevo régimen jurídico.

El ministro ha concluido señalando que se afianzan las medidas dirigidas a evitar la exaltación de la guerra civil, del golpe de estado y de la dictadura. Bolaños ha avanzado que se harán las modificaciones necesarias en la legislación actual para que la apología del franquismo y el enaltecimiento de sus dirigentes, con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio, sean causa de extinción de fundaciones o asociaciones.

Aumento de la protección a los consumidores

Foto: Pool Moncloa/Fernando CalvoEl ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha presentado la reforma de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios para adaptarla a las nuevas formas de comercio electrónico. El anteproyecto recoge que el Ministerio de Consumo tendrá competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países o a la unidad de mercado.

Garzón ha explicado que, en la actualidad, existe una asimetría de poder entre los grandes operadores y los consumidores, por lo que la futura norma sitúa a España en los mismos estándares europeos en la protección de los derechos de las personas consumidoras. Además contribuirá, junto con las herramientas de las que dispondrán las comunidades autónomas, a que no se produzcan fraudes y abusos en los precios de los bienes y servicios, y evitará la distorsión del mercado.

El ministro ha destacado que se sancionarán las infracciones que afecten a la unidad de mercado y a la competencia, cuando sucedan en varios Estados de la Unión Europea o cuando el infractor no esté localizado en España en caso de comercio electrónico. Las sanciones llegarán a un millón de euros o a ocho veces el beneficio ilícito si se cometen solo en nuestro país, y hasta el 4% del volumen de negocio anual de la empresa que haya cometido el fraude o el abuso en varios Estados miembros.

Alberto Garzón ha precisado que la reforma recoge, por primera vez, la prohibición de publicidad encubierta en redes sociales, y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos vendidos por Internet. "Garantizamos que la persona que va a recibir un bien o servicio a través de Internet tenga claro que las opiniones están respaldadas por una experiencia vivida o por el consumo del producto y no por una estrategia comunicativa que busca distorsionar la información veraz", ha dicho.

El texto del anteproyecto también recoge la venta de entradas de espectáculos como una práctica desleal cuando el uso de bots impida el acceso de los consumidores a la compra por los canales habituales. Asimismo, las empresas tendrán que informar a los clientes si les ha ofrecido un precio individualizado del producto o servicio tras haber obtenido información automatizada sobre sus navegaciones anteriores.