Oviedo / Uviéu, 2 de julio de 2021

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias aprobó el 30 de junio el  informe de fiscalización sobre las unidades del sector público que no forman parte de la cuenta  general del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Cámaras de Comercio, ejercicio  2019 (22 empresas públicas, 12 fundaciones, 6 entes públicos, 3 cámaras de comercio, 2  entidades públicas y la Universidad de Oviedo y sus dos entes dependientes). Los objetivos  generales de los trabajos fueron verificar el cumplimiento en materia de rendición de cuentas,  realizar un análisis de las principales magnitudes presupuestarias, económicas y patrimoniales  y verificar tanto el cumplimiento de las obligaciones de información en materia contractual  como la adecuación a la legalidad de la contratación realizada. Además, como objetivo  específico, se analizó el impacto de la COVID-19 en la auditoría de cuentas de los estados  financieros de 2019. Como consecuencia de la pandemia, los plazos para la rendición de las  cuentas se ampliaron, de ahí que este informe no pudiera ser aprobado junto con el de la  cuenta general de 2019, como sí sucedió en el ejercicio anterior.

La Sindicatura de Cuentas ha llegado a varias conclusiones, entre ellas:

A. En materia de rendición de cuentas.

1. Cuatro de las cuarenta y ocho unidades que constituyen el ámbito subjetivo del informe (un  8,33 % del total) no han dado cumplimiento a su obligación de rendir sus cuentas a este  órgano de control. Son el ente público Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del  Principado de Asturias (sin constituir), la empresa pública Avilés, Isla de la Innovación, la  sociedad pública Desarrollo Integral de Taramundi S.A. y la Fundación Observatorio Económico  del Deporte

2. El Serida elabora sus cuentas con un plan contable diferente al que le corresponde, según el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.

3. A este órgano de control no le consta que las cuentas anuales del ejercicio 2019 rendidas  por el Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga hayan sido aprobadas.

B. En materia de contratación.

1. Dieciocho de las cuarenta y ocho unidades (un 37,50 % del total) no han dado cumplimiento  a la Ley de Contratos del Sector Público en lo relativo a las obligaciones de información en  materia contractual.

2. En el expediente de contratación analizado del Ente Público de Servicios Tributarios del  Principado de Asturias no consta incorporado el informe de insuficiencia de medios respecto  de los contratos de servicios, conforme a lo exigido en la Ley de Contratos del Sector Público.

3. En los expedientes de contratación analizados tanto del Ente Público de Servicios Tributarios  del Principado de Asturias como de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y  Cultural del Principado de Asturias no quedan debidamente justificados la elección de los  medios para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras, los criterios sobre los que se  adjudicará el contrato ni las condiciones especiales fijadas para su ejecución, tal como exige la  Ley de Contratos del Sector Público. Tampoco queda acreditado ni el cumplimiento de las  obligaciones de publicidad exigidas por la normativa contractual aplicable ni la preservación de  la transparencia que rige la licitación pública, ya que no se pudo acceder a la información de  las licitaciones contenida en el perfil del contratante.

5. La Sindicatura de Cuentas analizó el contrato tramitado por la Universidad de Oviedo para la  contratación, mediante acuerdo marco, del servicio de agencia de viajes. Se adjudicó por  1.818.182 euros. Detectó, entre otros, que el pliego de cláusulas administrativas particulares  adolece de falta de precisión con respecto a si el acuerdo marco se va a celebrar con un único  empresario o varios y no determina de manera clara y precisa el modo en que se efectuará la  adjudicación de los contratos basados en el mismo. Además, las actas de la mesa de  contratación carecen de motivación suficiente sobre la exclusión de un licitador y a las  puntuaciones asignadas y, en consecuencia, la resolución del órgano de contratación se limita  a indicar la puntuación total de cada uno de los licitadores seleccionados, por lo que no se está  dando cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público.

C. De la situación económico- financiera.

1. El endeudamiento total del sector público autonómico que se ha fiscalizado (excluidas la  Universidad de Oviedo y las Cámaras de Comercios) asciende a 612.623.319 euros a 31 de  diciembre de 2019, lo que supone un 3,49 % más con respecto al ejercicio 2018. Esta variación  sobreviene, principalmente, por la inclusión en el cómputo global de la deuda contraída por la  Fundación La Laboral, cuyo saldo vivo a cierre del ejercicio ascendía a 1.205.681 euros.

2. El resultado económico patrimonial agregado de las unidades que integran el ámbito  subjetivo del informe arroja en 2019 unas pérdidas globales de 23.884.318 euros y empeora en un 42,61 % con respecto a 2018. Esta disminución viene ocasionada, principalmente, por el  resultado negativo de las empresas públicas y, más concretamente, de Sogepsa, que tiene

unas pérdidas de 2.540.675 euros, tras unos beneficios en el ejercicio 2018 de 10.863.130  euros, que estuvieron originados por el proceso de constitución de una empresa del grupo. No  obstante, con carácter general, la actividad de la constructora es estructuralmente deficitaria.

3. RTPA incurrió en unas pérdidas de 19.659.857 euros en el ejercicio 2019. Ello, junto con la  acumulación de pérdidas de ejercicios anteriores, implica que el Principado de Asturias, como  único accionista de la sociedad, haya tenido que efectuar varias aportaciones para evitar entrar en causa de disolución. El montante total de las aportaciones realizadas en 2019  ascendió a 19.555.000 euros.

4. Las cuentas anuales de la Zalia se formulan con un patrimonio neto negativo de 41.926.006  euros. No obstante, a 31 de diciembre de 2019, no se encontraba legalmente incursa en causa  de disolución porque, de conformidad con lo previsto en la ley de reforma de la legislación  mercantil, los préstamos participativos se consideran patrimonio neto a los efectos de este  cómputo. El importe de los préstamos participativos concedidos en 2019 a la sociedad por el  Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón ascendieron a 14.289.812 euros. El  montante total formalizado desde 2014 asciende a 60.903.181 euros.

D. Sobre la información en la memoria relativa a la COVID-19.

1. Doce de las treinta y nueve unidades seleccionadas para el análisis (30,77 % del total  analizado) no incluyeron ningún tipo de información en la memoria relativa a los efectos de la  COVID-19. Son el Consorcio Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, el Real Instituto de Estudios Asturianos, el  Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga, el Serida, la Fundación Asturiana de la  Energía, la Fundación Barredo, la Fundación de la Sidra, la Fundación Oso, la Sociedad  Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, la Sociedad de Promoción Exterior del  Principado de Asturias y la Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte.

2. Las empresas públicas son las unidades que más información aportan sobre el efecto de la  pandemia en sus cuentas anuales (un 85 %). En el extremo opuesto se sitúan los entes y  entidades públicas. En estos casos, ninguna de las cinco hace mención alguna al efecto de la  pandemia como un hecho posterior, aunque no puede considerarse un incumplimiento de la  normativa contable aplicable, ya que el Plan General de Contabilidad Pública, que data de  1996, no incluye entre sus normas de valoración ninguna obligación relativa a incluir  información de hechos posteriores.

3. Las empresas públicas Hoasa, Sedes y Sociedad Inmobiliaria Real Sitio de Covadonga  estiman que el impacto económico de la COVID-19 puede ser tan significativo sobre sus  estados financieros que pueda llegar a comprometer el principio de empresa en  funcionamiento, esto es, que puedan seguir en marcha al menos durante otro ejercicio. El  resto de las unidades que incluyen este hecho posterior en su memoria manifiestan que, si  bien puede tener efectos sobre su actividad, no se estima que afecte a la continuidad de su  gestión.

E. Sobre determinados riesgos e incertidumbres.

En el análisis de las cuentas anuales de las entidades se ha constatado que existe una serie de  incertidumbres y de riesgos que, desde una perspectiva de prudencia financiera y  transparencia, tienen que ser objeto de énfasis:

1. Seis de las veinte sociedades mercantiles que han rendido cuentas a este órgano de  control formulan sus cuentas anuales del ejercicio 2019 bajo el principio de empresa  en funcionamiento. Son Hoasa, Gispasa, la RTPA, Sedes, Sogepsa y Zalia, cuyo activo  representa el 77,52 % del total de activo de las sociedades mercantiles del informe. En  esas empresas, aparte de la participación en su capital social, el Principado de Asturias tiene concedidos préstamos cuyo saldo pendiente a 31 de diciembre de 2019 ascendía  a 128.239.778 euros.

2. La Fundación La Laboral también formula sus cuentas anuales bajo el principio de  empresa en funcionamiento. Para que la fundación hiciese frente a los pasivos  contraídos, el Principado de Asturias ha venido realizando aportaciones durante los  ejercicios 2018 y 2019 por 450.000 euros, si bien este importe se ha integrado en su  dotación fundacional y, por tanto, no constituye saldo deudor para el Principado de  Asturias.

La Sindicatura de Cuentas recomienda que las actuaciones de control desarrolladas sobre los  entes del sector público autonómico que no forma parte de la cuenta general deberían  completarse, por un lado, con un control de eficacia adecuado y documentado, de tal manera  que permita constatar su realización, y, por otro, con un sistema de supervisión continua que  tenga por finalidad verificar la sostenibilidad financiera del ente y la subsistencia de las  circunstancias que justificaron su creación.  

Para llevar a cabo este control, cada unidad institucional debería contar con un instrumento de  gestión estratégica corporativa, aprobado al más alto nivel en el seno de su organización, que  plasmara y desarrollara las líneas estratégicas fundamentales de su objeto social conforme a  su acuerdo fundacional y los recursos presupuestarios necesarios para su financiación.  

Además, reitera otras recomendaciones, ya señaladas en ejercicios anteriores, como son la  agilización de la reforma y actualización del marco normativo en materia económica,  financiera y presupuestaria, así como la culminación del procedimiento de liquidación de la Sociedad Desarrollo Integral de Taramundi SA, situación en la que lleva incursa desde el  ejercicio 2013.