Asturias.-La portavoz de la formación en la Junta General, Ángela Vallina, acompañada por sus homólogos de Podemos, Daniel Ripa, y de Foro, Adrián Pumares, defendió la necesidad de un sector financiero con mayor peso de la banca pública y con una regulación acorde al de otros países de la Unión Europea
Izquierda Unida, Podemos y Foro han presentado esta mañana una proposición no de ley (PNL) conjunta ante el anuncio del sector financiero español de una reducción de plantilla que también tendrá un importante efecto en Asturias. Los tres grupos pretenden que se inste al Gobierno de España para que impida los despidos que llegan después de ingentes ayudas públicas, con unos beneficios multimillonarios y sin tener en cuenta la brecha digital, tanto generacional como territorial que afectará a la ciudadanía, especialmente a la de más edad y de zonas rurales. La portavoz de IU en la Junta General, Ángela Vallina, reivindicó la necesidad de que se pongan medidas para lograr un sector financiero más regulado y controlado como sucede en el resto de Europa, con mayor competencia y con una banca pública de mayor peso.
A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Los grupos parlamentarios Podemos Asturies, Foro Asturias e Izquierda Unida, a través de sus respectivos portavoces, Daniel Marí Ripa, Adrián Pumares Suárez y Ángela Vallina de la Noval, al amparo de lo previsto en el artículo 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente proposición no de ley sobre despidos en el sector de la banca para su debate en el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Desde la pasada crisis económica, tras una década de fusiones, el sector bancario español ha pasado a ser uno de los más concentrados de la zona euro. De hecho, antes de las nuevas fusiones anunciadas por Bankia y Caixabank y Liberbank y Unicaja, los cinco principales bancos ya controlaban el 67,4% del mercado bancario, notablemente por encima de la media de la eurozona (53,3%).
Este proceso de concentración bancaria ha tenido como consecuencia una oleada de despidos y cierre de oficinas. Según datos del Banco de España, desde 2008 se han destruido en el sector financiero 98.499 empleos, lo que representa un 36,43% del total de la plantilla. Pero esta tendencia se está incluso agudizando en 2021, donde se estima que entre los EREs ya acordados y los anunciados el número de afectados y afectadas podría ser superior a 18.000 personas, una cifra que sólo se alcanzó en 2013, en plena crisis financiera.
El BBVA anunció recientemente un ERE para 3.798 empleados y empleadas del banco, de las cuales 64 de ellas trabajan actualmente en Asturies. Caixabank, por su parte, comunicó su intención de llevar a cabo un ERE que afectará a 8.291 trabajadores y trabajadoras, 65 de ellas en Asturies, lo que supone un recorte del 22% de la plantilla que la entidad tiene en nuestra región. Además, a estos despidos habrá que sumar el previsible recorte de personal del orden de 1.500 profesionales resultado de la fusión de Unicaja y Liberbank, que afectará de forma particular a Asturies.
Esta política de ajuste de costes llevada a cabo por la banca llama la atención cuando sólo en el primer trimestre tanto Caixabank como BBVA obtuvieron un beneficio de 514 millones de euros y 1.200 millones de euros, respectivamente. Además, sorprende que todo el peso de la política de recortes esté recayendo sobre los trabajadores y trabajadoras, mientras José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank, tendrá una remuneración fija de 1,65 millones de euros al año, después de haberse triplicado el sueldo; y el Presidente de BBVA, Carlos Torres, y su Consejero Delegado, Onur Genç, ganaron el año pasado 4,5 millones de euros y 3,4 millones de euros cada uno. Estos sueldos son desproporcionados dentro del ámbito europeo: la retribución media de los directivos bancarios españoles, con 2,4 millones de euros por persona, es la más alta de toda la UE, un 25% más que los alemanes y un 40% más elevado que el de los británicos.
Esta falta de corresponsabilidad de las entidades financieras es si cabe más sangrante después de haberse beneficiado del rescate público a la banca. Cabe recordar, que el BBVA adquirió Unnim Banc por el precio simbólico de 1 euro, después de que ésta fuese saneada por el sector público gracias a una aportación de capital de 953 millones de euros. Mientras que en Caixabank, el Estado todavía es el segundo accionista con un 16% del capital, fruto del rescate a Bankia con 24.000 millones de dinero público.
En definitiva, ni el proceso de digitalización en el que está inmerso el sector financiero ni los bajos tipos de interés justifican una reestructuración del sector en los términos que se está planteando con el único objetivo de incrementar su rentabilidad. Estos ERE, que son posibles gracias a la reforma laboral del PP del año 2012 que facilita los despidos en empresas con beneficios, supondrán no sólo la pérdida de cientos de puestos de trabajo en Asturies, sino también el cierre de numerosas oficinas con la exclusión que ello implica para las personas mayores y para el medio rural. Además, provocarán una peor calidad en el servicio, aumentando la sobrecarga de trabajo de aquellos que conserven su empleo y sustituyendo empleos dignos por empleos subcontratados de asistencia telefónica y call centers en condiciones precarias.
PROPOSICIÓN NO DE LEY
La Junta General del Principado de Asturias,
Primero. Insta al Consejo de Gobierno a llevar a cabo todas las acciones de presión que tenga a su disposición y establecer los canales de interlocución política necesarios para apoyar a los trabajadores y trabajadoras y evitar los despidos en el sector bancario asturiano, con especial atención a los EREs propuestos por Caixabank y BBVA en Asturias.
Segundo. Insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de España instándole a tomar las medidas pertinentes para evitar los EREs anunciados en el sector bancario y para exigir corresponsabilidad a las entidades financieras a la hora de afrontar su proceso de reestructuración, actuando específicamente ante los EREs presentados por la dirección de Caixabank y BBVA. Especialmente, se solicitará que se ejerza la máxima presión con la participación pública que se mantenga dentro de las entidades bancarias que intenten llevar a cabo EREs en situación de beneficios, cierres de oficinas o despidos masivos de su plantilla.
Tercero. Muestra su posición favorable a que los órganos de gobierno de la Fundación instasen a la representación de esta entidad en el nuevo banco UnicajaLiberbank, con una participación del 6,42%, a posicionarse rotundamente de forma contraria al incremento de sueldos y bonus a sus directivos y a cualquier plan de realización de EREs, despidos y cierres de oficinas en Asturias.
