El Presidente de la República, Mauricio Funes, vetó el Decreto Legislativo No.  897, que contiene reformas al Código Electoral para dar la preeminencia de los votos de diputados a los partidos políticos y no a los candidatos, por considerarlo inconstitucional.

El mandatario, en el documento enviado esta tarde a la Asamblea Legislativa, afirma que el decreto aprobado el pasado 27 de octubre viola y contempla disposiciones que generan contradicción con el artículo 78 de la Constitución de la República, en lo pertinente a los principios de libertad e igualdad del voto.

“La calificación del voto como libre implica no solo el hecho de que los ciudadanos puedan votar sin que intervenga castigo o presión alguna sobre su elección, sino que envuelve el hecho que se tenga plena capacidad de opción al momento de emitir el sufragio”, señala el mandatario en el documento.
 
Añade que en las disposiciones del Decreto  “aunque se da la opción a los electores de manifestar su preferencia por medio del procedimiento de marcación de papeletas, es evidente que el mecanismo de  asignación de los votos al partido, consignado en las disipaciones citadas, lleva a una distorsión de la voluntad del electorado, por medio de la imposición de la voluntad del partido sobre la de los ciudadanos, aún cuando estos ya la han expresado de manera clara, generándose una limitación injustificada a la libertad de voto consagrada en la Constitución”.

El Presidente Funes argumenta también que en la reforma el mecanismo contemplado “tiene como consecuencia otorgar un voto diferenciado y con un peso mayor a los votantes que optan por la lista en detrimento de aquellos que deciden votar por los candidatos individualmente considerados, quebrantando de esta forma el carácter igualitario del voto”.

El presidente también incluye en el documento enviado a los diputados consideraciones sobre la Sentencia de Inconstitucionalidad 57-2011 de la Corte Suprema de Justicia en la que se encuentran disposiciones que son objeto de la reforma presentada en el Decreto 897.

El mandatario destaca que de entrar en vigencia las reformas planteadas en el referido decreto “crearían una distorsión en la normativa electoral, al introducir nuevamente en el ordenamiento jurídico disposiciones equivalentes a aquellas sobre las que ya pesa una declaratoria de inconstitucionalidad (señalada por la Corte Suprema)”.