-        La consejería que dirige Melania Álvarez reduce a la mitad las listas de espera en valoraciones y reconocimiento de prestaciones y logra eliminar por completo las de las áreas II y IV

El plan de choque que impulsa la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar permitirá adaptar el actual sistema de dependencia, vigente desde 2007, al nuevo modelo de atención centrado en la persona, que persigue adaptar los recursos y prestaciones a las necesidades de cada individuo.

La consejera Melania Álvarez ha recordado esta mañana en el pleno de la Junta General que el plan, el primer compromiso de legislatura de su departamento, se puso en marcha en septiembre de 2019. “Desde entonces, hemos reducido a la mitad las listas de espera, tanto en valoraciones como en reconocimiento de prestaciones, y hemos eliminado las de las áreas II y IV”, ha subrayado la titular de Derechos Sociales.

El área II incluye los concejos de Tineo, Cangas del Narcea, Allande, Ibias, Degaña, mientras que la IV está compuesta por los de Oviedo, Siero, Noreña, Salas, Candamo, Las Regueras, Grado, Yernes y Tameza, Llanera, Sariego, Cabranes, Nava, Bimenes, Santo Adriano, Proaza, Teverga, Quirós, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Belmonte de Miranda y Somiedo.

Además, ha señalado que el Observatorio Estatal de Dependencia ha avalado “la eficaz gestión” del Gobierno de Asturias en esta materia. “El órgano ha reconocido que el Principado ha crecido como ninguna otra comunidad en atención a las personas dependientes, al pasar de obtener la peor nota entre las diferentes autonomías a ofrecer el mayor porcentaje de incremento de todas ellas en el último año”, ha valorado la consejera.

El plan de choque afronta ahora su última fase, que engloba la revisión total del procedimiento, diseñado 2007, para adaptarlo a las nuevas necesidades. Este análisis permitirá conseguir mayor agilidad, incorporar el uso de nuevas tecnologías, evitar duplicidades, eliminar cargas burocráticas y adaptar el mecanismo al modelo de atención centrada en las personas. 

Por otra parte, el nuevo decreto establece un único procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, sitúa a los profesionales especializados como empleados públicos de referencia y centraliza la tramitación en la Administración autonómica en todas sus fases. Además, abre la vía telemática para facilitar el acceso al sistema de dependencia, al tiempo que consolida la gestión de urgencia en determinadas situaciones y garantiza un mejor seguimiento de la atención.