Gijón, 10 de mayo de 2021. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias inició, hace casi tres meses, la campaña contra el intrusismo en Trabajo Social con motivo del borrador de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) en el que estaba y está trabajando la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social.

Tras más de 100.000 reacciones en redes, presencia en medios de comunicación, tres reuniones con la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, múltiples alegaciones en el periodo de exposición pública y un Consejo Asesor de Bienestar después, la propuesta de Decreto, que ha mejorado en algunas cuestiones, no ha llegado a entender las cuestiones de fondo que conllevan algunas de las modificaciones: cualquier profesional no puede hacer la labor que realizamos desde el Trabajo Social. 

La falta de conocimiento sobre las diferentes capacidades y competencias que desarrollamos desde cada profesión se pusieron sobre la mesa en la I Jornada organizada por Unión Profesional de Asturias, de la que formamos parte, en la que abordábamos cómo afecta el intrusismo profesional tanto a las profesiones como a las personas usuarias de los diferentes servicios.

Las conclusiones de dicho encuentro destacaron que la falta de atención desde profesionales adecuados a cada situación pone en riesgo la salud física, emocional, social de las personas, su vida, su patrimonio y sus proyectos de futuro y que la Administración, en vez de ser cómplice fomentando el intrusismo, debería poner a la persona en el centro y rodearse de equipos multidisciplinares que trabajen de forma interconectada, pero en cada ámbito específico de especialización. 

Por eso, no podemos aceptar que el Programa Individual de Atención, que es el resultado de todo el proceso de valoración, estudio y comprensión de la situación de dependencia en la que se encuentra la persona y no solo una asignación de un recurso sea llevado a cabo por un profesional sanitario, dado que es competencia exclusiva de las y los trabajadores sociales. Y esto lo decimos aquí y en la totalidad del territorio español donde nuestro Consejo General de Trabajo Social también ha alegado en este mismo sentido.

Una vez más, contemplar que hagamos únicamente los PIAS asociados a una prestación económica pone en evidencia la falta de conocimiento que se tiene sobre el trabajo social y sobre los instrumentos que aplicamos desde nuestra disciplina.