Coordinadora Ecoloxista d’Asturies denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente la matanza continua de aves protegidas por electrocución en un transformador ubicado en la Carbayera de Lleorio en el concejo de Gijón.

Donde esta misma semana apareció un cárabo electrocutado, lo que pusimos en conocimiento de la autoridad avisando al 112 y reclamando la recogida de la rapaz muerta y su custodia adecuada, para poder realizar la correspondiente necropsia y acreditar la muerte por electrocución.

La electrocución es una de las causas de mortalidad más importante para las rapaces y aves amenazadas, según recogen numerosos estudios científicos que avalan la gravedad de este problema, por lo que la legislación ha impuesto medidas para reducir estas mortandades tomando medidas preventivas.

El transformador citado ya tiene numerosas referencias de aves electrocutadas que sepamos que puede que haya otras desconocidas, sin que hasta la fecha se haya tomado medida alguna preventiva por parte de la empresa propietaria a pesar de conocer el grave problema que se ha denunciado en los últimos años;

-10/06/2017 Un pollo volantón de Cárabo común. (Strix aluco). Fuente COA

-6/05/2019 Una hembra adulta de Cárabo común. (Strix aluco). Fuente Observatión. Org

-17/06/2020 Un pollo volantón de Cárabo común. (Strix aluco). Fuente COA

-20/04/2021 Un pollo volantón de Cárabo común. (Strix aluco). Fuente Coordinadora Ecoloxista

Conforme a las normas de la Unión Europea sobre responsabilidad medioambiental, incorporada al derecho interno mediante la Ley 26/2007, los operadores titulares de la actividad económica sobre dichas estructuras y tendidos eléctricos, tienen el deber de adoptar, sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo, las medidas preventivas y reparadoras apropiadas. La inacción de los operadores ante la existencia de estructuras y tendidos de conducción eléctrica, sin las medidas adecuadas para evitar la mortandad de la avifauna puede ser objeto de un procedimiento administrativo de responsabilidad medioambiental, iniciado de oficio por la propia Administración Pública competente o a solicitud de parte interesada.

Ya hay jurisprudencia en España que obliga a las eléctricas a tomar medidas preventivas lo que aquí no se ha hecho a pesar de los daños producidos todos ellos denunciados y documentados ante el Gobierno de Asturias.

Esperemos que la Fiscalía actúe y tome medidas en vista de que el Principado no obligó a la eléctrica a cumplir el actual marco legal, que le obliga a tomar medidas preventivas sin demora.

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies