-   “Las mujeres tendrán siempre el apoyo del Gobierno del Principado y contarán con recursos y ayudas para librarse de sus maltratadores”, ha destacado la consejera Melania Álvarez

-   La renta media de los inquilinos del parque público, calculada en función de sus capacidades económicas, se sitúa en un media de 78 euros

El 22% de las viviendas públicas adjudicadas en Asturias durante el último año se destinaron a mujeres víctimas de violencia de género. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha facilitado este dato en el pleno de la Junta General, donde ha mostrado el apoyo del Gobierno del Principado a las víctimas. “Las mujeres contarán con recursos y ayudas para librarse de sus maltratadores”, ha destacado.

Álvarez ha recordado que muchas mujeres maltratadas han tenido que pasar el confinamiento compartiendo “techo con sus agresores”. Este hecho ha llevado a que este año “se haya alcanzado el porcentaje más alto de adjudicaciones a un colectivo, con el 22% de las viviendas destinadas a estas mujeres”. Esto supone que el 81% de las víctimas de violencia de género ha recibido una vivienda pública en Asturias durante el último año.

La consejera ha explicado que Derechos Sociales no desahucia a ninguna persona en situación de vulnerabilidad social o económica. “Lo que sí puedo decir es que este Gobierno da todas las facilidades para que una persona afronte las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. Todas. Por eso hemos llegado a más de 1.200 acuerdos de pago”, ha añadido.

Las rentas de una vivienda pública en Asturias se calculan y ajustan en función de la situación económica de cada persona. En estos momentos, la renta media en el Principado es de 78 euros.

Apoyo a otros colectivos en riesgo

La consejería también ha dado cobertura a través de viviendas públicas a otros colectivos de mujeres que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, concretamente a 16 mujeres. De ellas, ocho lo han hecho a través del programa Housing First, que da la oportunidad de acceder a un hogar tras una larga trayectoria de vida en la calle; tres han sido víctimas de explotación sexual; cuatro proceden de centros de menores, y una ha cumplido condena penitenciaria y ahora lleva una vida normalizada en una casa pública