Asturias Mundial reproduce íntegro el comunicado:
Ayer compareció el Ministro de Seguridad Social para informar de las reformas que piensa implantar el gobierno respecto a las pensiones públicas. Con independencia de las medidas propuestas, que se examinarán detenidamente cuando sean definitivamente concretadas después de concluidas las negociaciones con sindicatos y patronal, desde COESPE queremos mostrar nuestro más rotundo rechazo a los principios en los que se ha inspirado el ministro, que como continuación de las conclusiones del Pacto de Toledo, son una conjunto de falsedades y datos tergiversados para confundir a la opinión pública y desmovilizar a los ciudadanos en la reivindicación de unas pensiones públicas suficientes y garantizadas.
Estas son las falsedades:
1.- Lo fundamental que repite el ministro es que, si no se toman medidas de recortes, las pensiones públicas no son sostenibles. Al contrario, el sistema público de pensiones es totalmente sostenible, lo que ha ocurrido es que se han utilizado las cotizaciones sociales (desde el mismo momento de la creación del sistema público de seguridad social) para financiar asuntos ajenos (asistencia sanitaria, servicios sociales, políticas de fomento del empleo, prestaciones no contributivas, etc..). Si solamente se hubieran utilizado las cotizaciones para pagar pensiones, habría actualmente un enorme superávit en la caja de la seguridad social. Es por ello, que exigimos una AUDITORÍA a las cuentas de la seguridad social, que determinen la deuda que el Estado tiene con el sistema público de pensiones, y que se devuelvan en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado.
2.-Hay que prolongar la edad de jubilación más allá de la edad legal, para lo que se establecen incentivos económicos sacados de la caja de las pensiones. De nuevo se repite el mantra de que hay que jubilarse más tarde para que las pensiones sean sostenibles. A esto hay que decir que el propio ministro reconoció que las personas con poder adquisitivo mayor tienen una esperanza de vida de más de 10 años que las de poder adquisitivo más bajo. Esta medida no solamente va en contra de la lógica (con el paro juvenil en el 40%), si no que sólo beneficia a una minoría de trabajadores (directivos, altos cargos, profesiones liberales, etc..) respecto de la gran mayoría de trabajadores que llegan a los 65 años con un gran desgaste físico y mental. Esta pretensión de prolongar la edad de jubilación queda en evidencia con la masiva aprobación de ERES por parte de la Banca y grandes empresas que expulsan del mercado laboral a trabajadores mayores de 50 años.
En vez de financiar la prolongación de la edad de jubilación sería más coherente dedicar esos recursos a luchar contra el paro juvenil y la precariedad laboral de la juventud.
3.- Proponen modificar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada.Nuestra reivindicación es clara: con 40 años cotizados la jubilación debe ser a los 60 años sin reducción alguna.
4.-Hicieron la reforma de la ley 27/2011, con medidas claramente regresivas que anunciaron que serían implementadas progresivamente (hasta el año 2027), con la complicidad entonces de los sindicatos. Faltando 6 años para dicha fecha, pretenden engañar a los ciudadanos proponiendo otra vuelta de tuerca con recortes, cuando aún no ha finalizado la supuesta reforma que iba a garantizar las pensiones.
5.-No derogan el factor de sostenibilidad. Este factor, previsto en la ley 27/2011 y desarrollado en 2013, y actualmente suspendido provisionalmente, viene a recortar las pensiones con la justificación del aumento de la esperanza de vida. Que devuelvan lo saqueado de la caja de las pensiones y se comprobará como el sistema es sostenible sin
necesidad de más recortes.
En resumen, rechazamos la postura adoptada por el ministro, que abunda en la senda de más recortes de pensiones públicas (las 5 reformas habidas desde 1985 han sido para bajar el importe de las pensiones) y, aunque no lo haya dicho ahora, a corto plazo plantea que la única solución sean los fondos privados de pensiones, tal y como prevé el Pacto de Toledo.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN.