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El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, lamenta de hecho que este concepto de consumidor vulnerable sea “demasiado ambiguo”, de manera que está sirviendo sobre todo a la banca para limitar en exceso el acceso a moratorias, descuentos y ayudas que deberían ser más sencillas y más accesibles ante “las consecuencias económicas cada vez más generalizadas que está trayendo la pandemia: paro, pérdida del empleo, no llegar a fin de mes… Hablamos de circunstancias desafortunadas y financieramente peligrosas para los consumidores. Pueden, de hecho”, recuerda Manuel Pardos, “prolongarse más tiempo” incluso después de que la emergencia sanitaria concluya.
ADICAE llevó a cabo una reciente encuesta realizada a cientos de consumidores en la que el 25,8% de los encuestados reconoce que no podría realizar el pago de un gasto no previsto con un importe de más de 700€. En ese sentido, para evitar situaciones de impago de bienes básicos, el 14,1% de los consumidores recurrió a créditos rápidos, mientras que el 13,9% pidió ayuda a familiares o amigos. La asociación advierte que los datos de esta encuesta sobre los consumidores indican que estar actualmente trabajando ya no es impedimento para evitar una situación de riesgo de pobreza. El 48,7% de consumidores que se han visto incapaces de evitar un retraso en el pago de bienes básicos, tiene un empleo.
A este respecto, ADICAE insiste en que los derechos de los consumidores tienen un carácter clave e inalienable, por lo que en ninguna situación de crisis, como la actualmente generada por el Covid-19, pueden ser obviados. Los indudables efectos de la crisis sobre los consumidores y sus derechos requieren que las medidas de salud pública y de contención de la pandemia se complementen con iniciativas para responder a las extraordinarias situaciones que están afrontando y afrontarán en las próximas semanas los consumidores. ADICAE considera que la crisis generada y sus efectos van a tener largo recorrido, por lo que las medidas deben ser de calado y con perspectiva suficiente para que tengan utilidad y eficacia.
Por ello, ADICAE ha venido proponiendo en estos últimos meses una moratoria legal de dos años a los embargos y ejecuciones hipotecarias, evitando la incertidumbre y estableciendo plazos suficientes para abordar la recuperación económica. Y exige medidas de control ante el incremento desorbitado del precio de los suministros básicos, especialmente la energía eléctrica y los carburantes, que han elevado el IPC casi un punto y medio en apenas un mes. En este sentido, la asociación urge impedir los cortes de suministro de servicios básicos como luz, gas, agua, e incluso telefonía e internet, mientras se mantenga el estado de alarma y/o las medidas restrictivas vinculadas a la actual crisis.
Asimismo, conviene realizar campañas de difusión de los cauces de reclamación online de que disponen los consumidores, y del mantenimiento de actividad de las Asociaciones de Consumidores, de manera que no se perciba por los consumidores que el carácter extraordinario de la situación actual impide el legítimo ejercicio de sus derechos. Todo ello junto con el reforzamiento de las labores de vigilancia y seguimiento de prácticas abusivas tanto en materia de precios como en otros ámbitos, y en las que resulta clave la interlocución con las asociaciones de consumidores como agente privilegiado por su cercanía a la realidad de los consumidores.
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