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Imagen: Parque eólico en el entorno del concejo asturiano de Belmonte de Miranda. 

Reclaman que se actúe institucionalmente desde el punto de vista del interés general y siguiendo una cuidada planificación pública, fruto de un debate social transparente que parta de definir la potencia a instalar y priorice las necesidades de la población.

Así lo plantea también el portavoz de Anova y exdiputado Antón Sánchez, que ha sido con diferencia el parlamentario autonómico que más iniciativas de defensa medioambiental ha presentado en Galicia en las últimas dos legislaturas y ahora ve como una fiebre eólica irracional impulsada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo está invadiendo amplias zonas de la Península.

Especialistas como el biólogo Ernesto Díaz, desde la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica llevan años alertando de la "avalancha" que supone gran número de centrales eólicas que pretenden instalarse en el macizo, y recuerda que más allá de los aerogeneradores, ya impactantes per se, la implantación de un parque eólico acarrea una serie de infraestructuras asociadas que pueden ser tanto o más dañinas para el paisaje y la biodiversidad, como la apertura de pistas y la instalación de subestaciones o líneas de evacuación.

En este contexto de protesta ha nacido "Así No", una campaña respaldada por más de un centenar de entidades y muchas figuras públicas para denunciar cómo el negocio eólico desaforado y permitido sin ambages por las Administraciones públicas está amenazando la supervivencia de las montañas del norte peninsular.

La campaña recuerda en este sentido que en la actualidad más de 6.000 aerogeneradores instalados desde el norte de Navarra hasta la costa gallega están afectando múltiples zonas de alto valor paisajístico y natural e incluso áreas protegidas dentro de la Red Natura 2000.

Ernesto Díaz tiene claro que la implantación de las renovables debe realizarse "bajo estrictas medidas de planificación territorial y evaluación global" y que el Ministerio de Transición Ecológica ha de ser garante en el cumplimiento de los dos pilares que han de acompañar al desarrollo de las energías renovables: la planificación y la evaluación.

Antón Sánchez apunta en la misma dirección y considera imprescindible evitar "una carrera descontrolada de instalación de parques eólicos a toda costa, y menos para que una élite económica haga un suculento negocio especulativo". Por eso aboga también por la planificación pública y la participación ciudadana a partir de una ordenación que estipule "donde sí y dónde no compensa implantar los parques" y por encima de todo tenga en cuenta a la gente de las zonas afectadas, dándole entrada a participación a través del control público o de cooperativas vecinales o pequeñas empresas locales que produzcan para su entorno.

Por su parte Fructuoso Pontigo, desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies alerta de la tramitación "fragmentada e ilegal" que se está llevando a cabo en muchos de los proyectos de los nuevos parques eólicos al dividir megaestructuras de gran impacto ambiental en comarcas enteras en menores iniciativas industriales aparentemente independientes pero sin embargo interconectadas entre sí por numerosas infraestructuras eléctricas y de comunicación.

Para Pontigo, se impide de este modo la evaluación de los efectos sinérgicos y acumulativos de los parques eólicos, vulnerándose el sentido de la Evaluación Ambiental Estratégica establecida por las directivas comunitarias. A su juicio la fragmentación de proyectos es ilegal por suponer un fraude de Ley ante la legislación de impacto ambiental, tanto de planes como de proyectos.

Antón Sánchez ha criticado abiertamente en una carta abierta la política desarrollada por Teresa Ribera desde el Ministerio, alertando de una transición a las nuevas energías "en manos de bancos, fondos buitre, constructores o eléctricas que solo responden a la lógica de la maximización de su beneficio y no a las necesidades humanas".

"Esto que ustedes definen como transición energética es el enésimo negocio del capitalismo de amiguetes, en el que los que antes tenían térmicas que externalizaban los costes producidos por la contaminación o los que se lucraron con la burbuja inmobiliaria ahora ponen sus esperanzas de beneficios en el sector de las renovables, ayudados por administraciones que debieran velar por el interés general y que parecen empeñadas en darles otra vez el timón y el lucro a esa élite" -concluye el portavoz de Anova-.