El proceso reducirá la carga burocrática a las personas beneficiarias, que seguirán cobrando el salario social hasta percibir la ayuda estatal
Asturias.-La Consejería de Derechos Sociales se prepara para agilizar al máximo posible la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) con la colaboración de los ayuntamientos y de las entidades del tercer sector.
La consejería ha mantenido esta semana una ronda de contactos con la Federación Asturiana de Concejos (FACC); los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés; los sindicatos y la patronal y la Mesa del Tercer Sector para hacerles partícipes del plan para el trasvase de beneficiarios del salario social básico (SSB) al ingreso mínimo vital (IMV). Tanto las entidades locales como las ONG están dispuestas a cooperar con el Principado para agilizar la comprobación de los expedientes que pasarán a cobrar el ingreso mínimo.
Derechos Sociales ha alcanzado un acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social respecto al IMV. Por un lado, la Seguridad Social ha admitido al pago con efectos retroactivos desde el 1 de junio. Por otro, la consejería ha asumido la comprobación de los 9.000 expedientes que se tramitaron basados en el consentimiento de las personas afectadas, todas beneficiarias del salario social. Se trata de comprobar que cumplen los requisitos para percibir el ingreso mínimo. Esta tarea se centrará, en primer lugar, en las personas que viven solas.
El proceso parte con la premisa clara de evitar cargas burocráticas, tanto a las personas como a los servicios sociales municipales. Para ello, se articularán sistemas de intercambio de información entre administraciones para obtener los datos necesarios y se contará la colaboración de las entidades del tercer sector.
El Gobierno de Asturias ya logró una gran coordinación en verano, cuando en algo más de un mes consiguió recabar la autorización de más de 9.000 expedientes para activar esta vía. También ha resultado esencial el apoyo de todos los agentes implicados para lograr el acuerdo que garantiza el reconocimiento de los efectos retroactivos.
Dada la complejidad de las labores pendientes, se estima que el proceso se prolongue unos seis meses. Durante este tiempo, las personas seguirán cobrando el salario social con total normalidad. El departamento encargado de tramitar la ayuda autonómica ha de compaginar esta nueva tarea con la prioridad de mantener el plazo actual de tres meses para resolver las nuevas solicitudes, así como con la puesta al día de las revisiones pendientes y de aquellas derivadas del reconocimiento del propio ingreso mínimo vital.
En los próximos días, se publicará en la página web de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.socialasturias.es&umid=E4D42DA7-BD47-6305-BF91-BF4FC320679E&auth=4ceff9107ab9c25786f1a828bbcb8ff8204474b0-985a40549fbf79a976c5ff83743b14ae1b8076
de toda la información sobre el proceso.