El Senado aprobó el dictamen que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó, en lo general y particular, el dictamen que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que contempla crear la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada.

Dicha Unidad será un órgano especializado en operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita y dependerá de la Procuraduría General de la República.

Los senadores establecieron que la Unidad podrá accesar directamente a la información disponible en los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas del país, a fin de investigar y perseguir los delitos relacionados con el lavado de dinero.
 
Estará facultada para generar sus propias herramientas de inteligencia, a efecto de indagar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos ilícitos.

Por otro lado, se acordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga facultades para requerir información, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Unidad Especializada la información que le requiera.

Aunado a ello, será la autoridad competente para aplicar en el ámbito administrativo, la presente ley y su reglamento, y además podrá presentar denuncias ante el Ministerio Público de la Federación cuando identifique hechos que puedan constituir delitos de lavado de dinero.

En este sentido, los senadores avalaron que esa dependencia federal pueda requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas “que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley”.

Con la aprobación de este dictamen, se considerará a las actividades que realicen las entidades financieras como “actividades vulnerables”.

Por ello, estas entidades deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en supuestos hechos ilícitos.

A su vez, tendrán que elaborar y observar una política de identificación de sus clientes, que incluya la integración y conservación de un expediente de identificación de cada uno de ellos.

Dicho expediente --se subraya en el dictamen-- deberá contar con información y documentación sobre su identidad y demás datos generales, así como la elaboración y observación de una política de conocimiento de sus clientes.

Asimismo, tendrán que presentar ante la SHCP reportes sobre las “actividades vulnerables” que realizan por conducto de los órganos desconcentrados facultados para supervisar el cumplimiento de esta ley.

En este orden de ideas, los senadores puntualizaron que las entidades financieras deberán conservar por cinco años la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido.

También se facultó a la Secretaría de Hacienda para que sancione con multas que van de 200 hasta dos mil días de salario mínimo a quien incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley o no presente los avisos requeridos.
 
Además, se aplicará una multa equivalente de dos mil hasta diez mil días de salario mínimo a los Fedatarios Públicos que no identifiquen actos u operaciones cuando éstas tengan un valor igual o superior a un millón de pesos en moneda nacional.

De igual forma, se impondrá una multa de diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de salario mínimo, o del 10 al 100 por ciento del valor del acto u operación a quienes omitan presentar los avisos requeridos por las dependencias.

Al hablar en nombre de las comisiones dictaminadoras, el senador Alejandro González Alcocer aseguró que estos instrumentos en contra del lavado de dinero permitirán  un combate más eficaz en la lucha contra el crimen organizado.
 
Nos posicionará en el mundo para adecuarnos a las normas que nos exigen los organismos internacionales como el GAFI, en la medida de los países avanzados, agregó.
 
En este sentido, el legislador de Acción Nacional consideró que esta nueva ley será de enorme trascendencia en el combate al lavado de dinero.

También por el PAN, el senador Santiago Creel Miranda explicó que esta es una ley que “hacía mucha falta” ya que  todos los países que han combatido adecuadamente al crimen organizado tienen leyes de esta naturaleza “y no por tenerlas son estados policiacos o que buscan que la orientación de las acciones sean  netamente  policiales”.
 Mencionó que de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas el negocio del crimen  organizado en su modalidad de narcotráfico se estima en 25 mil millones de dólares por año, solamente en el mercado  mexicano, mientras que en el norteamericano es de alrededor de 300 mil millones de dólares.

Por su parte, el senador Pablo Gómez Álvarez manifestó que es necesario aprobar una ley de este tipo porque “el lavado de dinero es gigantesco y a las organizaciones delincuenciales más organizadas no se les combate solamente a balazos, sino básicamente atacando los recursos que son producto de las actividades ilícitas”.

Ante ello, el legislador perredista afirmó que el Congreso está obligado a dar esa ley, ya que “hasta ahora el gobierno no hace nada contra el lavado de dinero. Con la esperanza de que haga algo aunque sea del corte típicamente policial”.
 
Por último, el senador René Arce resaltó que el problema del crimen organizado es el dinero y “no son los miles y miles de muertos que hay en este país, no son los miles y miles de militares que están fuera de sus cuarteles, no son la elevación de las penas al grado más alto que es precisamente lo que conforma una política exclusivamente punitiva y policíaca”.

Refirió que esta ley “es una de las maneras de combatir una de las más despiadadas formas de dañar una economía y a una sociedad. Es el dinero que llega de una actividad tan ilícita como es el narcotráfico, fundamentalmente el secuestro y otro tipo de actividades”.
 
El dictamen que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.