El Gobierno de Asturias impulsa una estrategia de rehabilitación energética de edificios dotada con 46,7 millones, una partida que ya ha transferido al Principado el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Esta medida, que permitirá fomentar la descarbonización y estimular el empleo en el sector de la construcción, persigue la mejora medioambiental de los edificios existentes mediante el uso de recursos energéticos regionales, con el fin de lograr consumos eficientes.
La normativa europea establece que cada Estado miembro debe elaborar una estrategia a largo plazo para renovar sus parques de viviendas, tanto públicos como privados, y promover la eficiencia energética. En Asturias, las consejerías de Industria, Empleo y Promoción Económica y de Derechos Sociales y Bienestar son las encargadas de poner en marcha esta iniciativa, en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En términos generales, la estrategia dará prioridad a la descarbonización de los sistemas de calefacción y refrigeración, abordará la renovación en los edificios más ineficientes y promoverá la rehabilitación de los públicos.
Más concretamente, pretende optimizar el comportamiento energético y medioambiental de los inmuebles existentes, aprovechando recursos regionales y contribuyendo a la mejora de sus condiciones habitacionales y de salubridad para luchar contra enfermedades epidémicas, sin olvidar el fenómeno de la pobreza energética.
También aspira a reactivar la economía a corto plazo, principalmente de sectores tradicionales como la construcción, la ingeniería y la actividad energética e industrial, pero también de otros emergentes (digitalización, domótica, redes inteligentes, etcétera) gracias a las posibilidades que plantea la transformación del mercado, por ejemplo, a través del autoconsumo o las comunidades energéticas locales.
Cuatro grupos de trabajo multidisciplinares se están encargando de elaborar la hoja de ruta. Así, además de las direcciones generales de Energía, Minería y Reactivación; de Vivienda, y de Finanzas, que coordinan los trabajos, en estos equipos participan otras direcciones generales del Gobierno de Asturias, representantes municipales, la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), los sindicatos UGT y CCOO, los colegios profesionales, empresas del sector y entidades financieras, entre otros agentes implicados.
La estrategia apuesta por el desarrollo de posibilidades de financiación innovadoras, así como por la promoción de inversiones en eficiencia energética en edificios de titularidad pública y privada. Además, centrará los esfuerzos de renovación en grandes bloques con el propósito de aprovechar las economías de escala.
El parque de edificios consume actualmente cerca del 30% de la energía final y dispone de un importante potencial de ahorro e incorporación de energías renovables. Dado que solo el 0,3% de los inmuebles existentes han realizado intervenciones en rehabilitación energética, hay un amplio potencial de mejora en ámbitos que van desde cambios en la envolvente térmica a la incorporación de instalaciones de generación basadas en fuentes renovables (biomasa, geotermia, solar, bomba de calor, o la generación eléctrica renovable para el autoconsumo).
La iniciativa se dirige a los siguientes tipos de intervenciones:
- Actuaciones de la Administración autonómica en inmuebles de titularidad pública, incluidos los de Patrimonio y los del Servicio de Salud (Sespa), y de viviendas. También se impulsarán proyectos piloto en edificios privados.
- Actuaciones de administraciones locales, tanto en edificios públicos y de viviendas de los ayuntamientos como en barriadas.
- Actuaciones privadas.
Además, plantea tres grandes bloques de objetivos:
- Objetivos asociados a la energía y medioambiente.
- Mejora del comportamiento medioambiental de edificios.
- Aprovechamiento de recursos energéticos regionales y contribución a la electrificación de la economía.
- Contribución a la transición energética y la descarbonización.
- Alineamiento con las políticas europeas y nacionales de eficiencia energética, electrificación económica y aumento de renovables.
- Reducción de la dependencia energética.
- Objetivos económicos y de generación de actividad.
- Contribución a la reactivación de la economía en el corto plazo, principalmente de los sectores de la construcción, la ingeniería y la actividad energética e industrial.
- Generación de empleo, mantenimiento del existente y capacidad de absorción de mano de obra local.
- Potenciación de la actividad en digitalización, domótica, redes inteligentes y transformación del mercado energético.
- Reducción del gasto asociado al consumo energético de administraciones, empresas y particulares.
- Objetivos sociales y de confort.
- Disminución de la factura energética en todos los sectores de la población, especialmente relevante entre los colectivos más desfavorecidos, y rebaja de la pobreza energética.
- Mejora de las condiciones habitacionales y de la salubridad para la lucha contra enfermedades epidémicas.
- Mejora de la salud pública, reducción de pérdidas laborales por incapacidad temporal y disminución del gasto en medicamentos.
- Revalorización de patrimonio y regeneración estética.
Ayudas a empresas
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 700.000 euros para financiar la convocatoria pública de subvenciones destinadas a proyectos de empresas tractoras de especial interés en 2021.
El Idepa será el encargado de impulsar esta convocatoria, que se dirige a compañías con posibilidades para dinamizar la economía de su entorno, tanto por su tamaño como por capacidad de generar negocio. Las ayudas se dividen en dos líneas: proyectos de inversión y proyectos de creación de empleo. En el primer caso, se financiarán terrenos, edificios, instalaciones, maquinarias y otros equipos; y en el segundo, concesiones administrativas, costes de propiedad industrial y aplicaciones informáticas.
En 2020 se aprobaron 4 proyectos, con una inversión que supera los 9 millones y una subvención concedida de 576.000 euros. Estas iniciativas generaron 47 nuevos puestos de trabajo y apoyaron el mantenimiento de otros 5.551 empleos.
