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El organismo fiscal de Asturias solicita asimismo una indemnización al Estado de 5,1 millones de euros por los daños causados al dominio público hidráulico desde el 15 de abril de 2015 hasta el 25 de octubre de 2017 y una paralización de operaciones hasta de cinco años hasta que se acredite el cese del perjuicio ambiental sobre las aguas del río Cauxa. 

La Fiscalía acusa a la mercantil Kinbauri España S.L., filial de la minera canadiense Orvana Minerals y actualmente bajo la denominación de Orovalle Minerals S.L. de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente por la contaminación del río Cauxa, afluente del Narcea, desde sus instalaciones en la mina de oro de El Valle-Boinás, en el concejo de Belmonte de Miranda.

El ente judicial considera acreditado que la minera realizó la emisión de vertidos no autorizados de sustancias catalogadas como peligrosas no amparadas por ningún tipo de autorización ambiental, hechos que ya habían sido denunciados y sancionados hasta en tres ocasiones por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Así, se habrían excedido durante años y de manera permanente u ocasional los valores permitidos de sustancias minerales como el selenio, el arsénico, el cobre, el cadmio, el níquel o diversos tipos de cianuro incumpliendo de manera contínua la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Para la Fiscalía "estas sustancias provienen de forma inequívoca de la actividad minera que, desde el año 2007, está desarrollando Kinbauri España S.L.", empresa que "conocía plenamente estas emisiones no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa, tanto por sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica, que ha instruído tres expedientes sancionadores a la mercantil".

El escrito fiscal añade además que el río Cauxa desemboca en el río Narcea, sobre el embalse de La Barca, "donde pueden agravarse los efectos de las sustancias peligrosas debido a sus características intrínsecas, concretamente sus elevados grados de persistencia y bioacumulación", suponiendo de facto el incumplimiento de la directiva europea 2000/60/CE sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas (Directiva Marco del Agua).

Por este motivo, el organismo fiscal considera que estos hechos son constitutivos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y solicita que se imponga a la empresa una pena de multa de 20 millones de euros y la suspensión de actividad hasta que acredice, en su caso, el cese de acciones contaminantes. Por otra parte, la minera también deberá indemnizar al Estado con 5.158.548,88 euros como valoración de los daños causados al dominio público hidráulico.