El SESPA contratará Trabajadoras sociales para administrar la vacuna contra la Covid-19 como medida para agilizar la vacunación. El personal contratado recibirá una formación intensiva en aplicación de vacunas que les capacitará para ser parte activa del proceso, asimismo, para evitar el colapso de los centros de salud también podrán extender recetas.
¿Qué pasaría si mañana te despiertas y esta es la noticia con la que abren todos los medios de comunicación? ¿Cuál crees que podría ser la respuesta de las y los profesionales sanitarios? Tú, como paciente, ¿cómo reaccionarías?
Esto, que a todas luces se calificaría como tomadura de pelo, incurriría en evidente intrusismo profesional y supondría una violación de los derechos de la población a una atención sanitaria de calidad ¿verdad? Pues es lo que las y los profesionales del Trabajo Social venimos viviendo en los últimos años: una campaña de borrado e intento de invisibilización de nuestra profesión, instada directamente desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, quien promueve medidas que fomentan el intrusismo laboral, dotando a otras profesiones de la potestad para realizar funciones que son propias e inherentes al Trabajo Social.
Las y los profesionales del Trabajo social nos especializamos en la detección de necesidades sociales, analizamos las distintas dimensiones que constituyen la realidad de la persona (economía, vivienda, salud, relaciones con su entorno…), las examinamos como un todo y establecemos un diagnóstico y un plan de acción para favorecer la superación de esas dificultades y así fomentar el bienestar de la persona. Para ello, cursamos estudios universitarios que comprenden conocimientos en metodología especifica del Trabajo Social, además de, entre otros, Psicología, Sociología, Derecho, Economía, Políticas Sociales, Salud… que nos permiten tener una visión global de la realidad vital de la persona y su entorno.
¿Y a mí como persona usuaria cómo me afecta que me atienda otro u otra profesional que no sea de Trabajo social?
Pongamos como ejemplo el último cambio planteado por la Consejería en relación con la valoración y reconocimiento de la situación de dependencia. Para explicarnos abordaremos dos fases esenciales del proceso: la primera en la que un valorador/a acude al domicilio y aplica un baremo en base al cual se establece el grado de dependencia de la persona. Este instrumento incluye cuestiones como la capacidad de movilidad de la persona, su autonomía para vestirse o comer sola…. En la actualidad esta fase la realizan profesionales de distintos ámbitos (en Asturias, del Trabajo Social, Enfermería Terapia Ocupacional o Fisioterapia), todos y todas ellos con la adecuada capacitación y competencia para esa finalidad.
El problema nos lo encontramos con la siguiente fase del proceso. En ella se elabora el PIA, PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN que recoge los servicios y recursos a los que la persona tiene derecho. Es aquí donde entra en juego la formación específica de los y las Trabajadoras Sociales. No se trata solo de saber qué servicios y prestaciones existen (teleasistencia, centros residenciales, prestaciones económicas...) y cuál quiere elegir la persona. Se trata de detectar la necesidad presente y futura y cómo encaja en su realidad vital, en la relación con su familia, con su entorno y qué beneficios o consecuencias se pueden derivar de cada elección. Es aquí donde consideramos que nuestra figura es clave para empoderar a la persona usuaria y su familia en la toma de decisiones, no solo por colectivismo profesional sino, también, para que la ciudadanía no vea vulnerados sus derechos, para que tenga toda la información posible, para que se sienta arropada en un procedimiento tras el cual existe el sufrimiento de muchas familias que precisan de alguien que sirva de referencia y guía en el laberinto burocrático de la administración. Y eso señoras y señores, eso es para lo que nos hemos preparado.
En esta misma línea, nos enfrentamos a otras tretas, como la posibilidad de que profesionales de otras disciplinas puedan firmar informes sociales, y la última, también valorar la urgencia social. Procede primero aclar la pregunta, ¿qué es un informe social? Te diremos que se trata de un “Dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el o la profesional del trabajo social. Su contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional”.
Pues eso, si yo, trabajador o trabajadora social, no puedo firmar una receta o atender una urgencia médica, es de cajón, lo contrario no tendría lógica ninguna, ¿por qué, según Consejería, a partir de ahora cualquier profesional técnico tiene carta blanca para firmar un informe social o valorar una urgencia social?
