Píllaro (Tungurahua).- El Presidente de la República, Rafael Correa, ratificó este viernes, que la desvinculación de funcionarios públicos mediante la compra de renuncias obligatorias, se realizó respetando todos los procesos legales, por lo que no se mostró preocupado por las advertencias de ser llevado a instancias internacionales.
"Sabremos defender al país, aquí hemos actuado estrictamente en apego a la Constitución, la Ley y los tratados internacionales y también, apegados a la justicia", manifestó durante una entrevista concedida a varios medios de comunicación del cantón Píllaro.

El Jefe de Estado ratificó que las desvinculaciones fueron fruto de una evaluación y que para el Gobierno Nacional también es incómodo todo este proceso, pero "tenemos que velar por el bien común", dijo.

Aseguró que para él sería más fácil no hacerlo (proceso de desvinculación), ya que, a un año de las elecciones y con un 70% de popularidad se está enfrentando a un problema, pero es necesario, ratificó.

"Y seguirán las separaciones porque se necesita también ajustar personal en otros sectores, pero se darán las correctas indemnizaciones", agregó.

La desvinculación de los 2700 servidores públicos a los que se les compró renuncia durante la última semana, le costó al Estado $90 millones.

Desmintió que el número de médicos desvinculados haya afectado la atención en salud, pues recordó que de los 7600 galenos del país en el sector público, solo se le compró la renuncia a 110.