Madrid/Oviedo.-La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural ha votado hoy a favor de incluir al lobo, sin excepciones, en el listado de Protección Especial. Este acuerdo entre gobierno y CCAA para acabar con la caza del lobo pone fin al exterminio encubierto de la especie, cuyos últimos ejemplares sobreviven  en Asturias y sus territorios colindantes en Cantabria, Galicia y León. 

 La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano participativo en materia de biodiversidad en el que están representadas la Administración general del Estado y las Comunidades Autónomas, ha propuesto incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que supone homogeneizar el estatus de protección de la especie a nivel nacional y que deje de ser considerada especie cinegética. Hasta el momento, tan sólo las poblaciones al sur del Duero estaban incluidas en el listado y las del norte eran consideradas en algunas comunidades autónomas como piezas de caza.

Por su parte, la votación para incluir a la tórtola, una especie que ha sufrido un declive muy importante en las últimas décadas, en el Catálogo de Especies Amenazadas en la categoría de Vulnerable no ha contado con el apoyo mayoritario de las Comunidades Autónomas, si bien muchas han expuesto una propuesta alternativa consistente en declarar, a nivel nacional, una moratoria a su caza hasta lograr su recuperación poblacional y poner marcha un plan de recuperación de la especie.

ATENDER AL DICTAMEN CIENTÍFICO

Con esta propuesta de inclusión de todas las poblaciones españolas de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se atiende al dictamen del Comité Científico que recomendó su protección al considerar “su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales”.

El hecho de que se trate una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas, que su área de distribución abarque territorios de varias Comunidades Autónomas y que el número de éstas se haya incrementado  en los últimos tiempos (ya hay ejemplares aislados también al este del Duero), así como las amenazas que afectan a la especie hacían necesario un enfoque de actuación común para que la gestión y conservación del lobo sea coherente en todo el territorio español, asegure sus poblaciones y distribución a largo plazo y garantice la coexistencia con el hombre.   

Tras la decisión de la Comisión Estatal, se aprobará próximamente una orden ministerial por la que todas las poblaciones del lobo españolas queden incluidas en el Listado.

Asimismo, una vez resuelto el estatus legal del lobo, en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se ha propuesto la constitución de un grupo de trabajo para elaborar una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo en España, que actualice la aprobada en 2005. El objetivo de este documento será lograr la conservación, gestión y restauración de poblaciones viables de lobos como parte integral de los ecosistemas españoles, a la vez que sea segura la coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios en los que habita.

En cuanto a la tórtola, la mayoría de las Comunidades Autónomas considera pertinente, dado su importante declive poblacional en las últimas décadas, que se suspenda la actividad cinegética hasta que la población se recupere. En este sentido, algunas Comunidades Autónomas realizaron aportaciones con medidas destinadas a la recuperación de la especie, que el MITECO incorporará en su línea de trabajo. También se considera necesario que, complementariamente, se ejecute de inmediato un plan de gestión nacional para mejorar su hábitat de alimentación y reproducción.  

El Principado rechaza la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial

El Gobierno de Asturias rechaza de manera rotunda la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). La Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha aprobado hoy esta medida, que supondrá un gravísimo problema de gestión para las cuatro comunidades que albergan más del 95% de estos cánidos en España (el Principado, Cantabria, Castilla y León y Galicia), que se han mostrado de forma unánime en contra de esta decisión.

Inicialmente, también se han opuesto a la propuesta planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Andalucía, Madrid, Murcia y País Vasco, mientras que Navarra ha solicitado que la decisión se pospusiera para buscar el consenso necesario y ha optado por renunciar a participar en la votación, la misma postura adoptada por la Comunidad Valenciana. Ceuta, por su parte, no ha podido votar por problemas de comunicación durante la videoconferencia.

En la segunda y definitiva votación, ocho comunidades se han mostrado en contra de la propuesta y ocho a favor, entre ellas algunas que nunca tendrán lobos en su territorio ni deberán enfrentarse a su gestión por razones meramente geográficas. Finalmente, el voto a favor del representante del ministerio ha servido para aprobar la medida.

Sin embargo, en la primera votación, que se saldó con un empate a 7 votos, 3 abstenciones y dos comunidades que no quisieron participar, el ministerio pretendió usar el voto de calidad que le corresponde al presidente de la comisión para inclinar la balanza a favor de sus pretensiones, algo que los propios servicios jurídicos rechazaron. Tampoco consideraron adecuado el planteamiento del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, presente en la reunión, para que la decisión final ante el empate la adoptase la propia ministra, Teresa Ribera.

Los directores generales de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han puesto de manifiesto que, por vez primera en la historia de esta comisión, un ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el listado de protección especial sin haber alcanzado un consenso, especialmente con aquellas comunidades más afectadas.

Las cuatro autonomías se han opuesto a la pretensión del Gobierno de España desde el primer momento en que se emitió el informe del comité científico y lo han hecho de forma reiterada en los órganos técnicos correspondientes: el grupo de trabajo y el Comité de Flora y Fauna Silvestre. En todos los casos se han basado en informes avalados por datos actualizados y con el respaldo de reputados científicos.

En contraposición, durante la reunión celebrada hoy, ni el ministerio ni ninguna de las comunidades que han apoyado su propuesta han presentado documentos que justifiquen su postura o contradigan los documentos técnicos que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia les han hecho llegar.

El único aval científico que en su día presentó el ministerio fue el de un comité que, de entrada, rechazaba la pretensión de la organización ecologista que ha iniciado este proceso para catalogar el lobo como especie amenazada, precisamente porque no se acreditaban ninguna de las condiciones que determinan esa consideración, dado que las poblaciones de este cánido han aumentado en área de distribución y en número de ejemplares de forma muy notoria en los últimos 20 años.

Ese mismo comité sí recomienda que el lobo sea incluido en el Listado de Especial Protección por “su importancia como patrimonio natural, científico, así como por los servicios ambientales que produce en los ecosistemas”, argumentos que son perfectamente compatibles con la gestión que vienen realizando las cuatro comunidades del norte.

El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha opuesto a las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica con argumentos muy similares a los expuestos por Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León; en concreto: “por no corresponder con la situación real y la evolución de las poblaciones y por generar un grave problema en la gestión de la ganadería extensiva muy amenazada por el fuerte incremento del lobo”.

Los servicios jurídicos de estas cuatro autonomías analizarán tanto el acuerdo adoptado hoy como las circunstancias en las que se ha producido, además de promover todos los recursos que estén a su alcance para impedir que se consolide una decisión que, a su juicio, carece de fundamentos técnicos y científicos.

Si la inclusión del lobo en el Lespre se lleva a término, podría vulnerar las competencias autonómicas exclusivas en materia de gestión de especies y, más concretamente, de gestión cinegética, cuando la normativa comunitaria permite que las poblaciones localizadas al norte del Duero se puedan gestionar directamente con normas cinegéticas, o contemplando esa posibilidad en el correspondiente plan de gestión. Además, esta medida implicaría un gravísimo problema para la gestión de la propia especie y su imprescindible compatibilidad con la ganadería extensiva, una actividad económica clave para los territorios rurales, para generar alimentos de calidad y para luchar contra el despoblamiento.

Los consejeros de las cuatro comunidades han expresado su profundo malestar con la actitud de la ministra Ribera y del secretario de Estado, que no han respondido a su solicitud para celebrar reuniones al más alto nivel y tratar este asunto. En este sentido, subrayan la debilidad de esta decisión, alcanzada por una mayoría muy ajustada y nada representativa en cuanto a la presencia del lobo en las diferentes comunidades.

Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria han sido en las últimas décadas las auténticas garantes de la conservación del lobo y las responsables de la gestión de un conflicto en el que los principales afectados son los ganaderos y las zonas rurales.

La postura que hoy ha defendido el ministerio va en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del Lobo Ibérico aprobada con el consenso de todas las comunidades, en un tiempo en que la especie era menos abundante que ahora y, aun así, su conservación se consideraba compatible con su consideración como cinegética. Ante este hecho, los representantes de las cuatro comunidades reclaman al ministerio que abandone la política de imposición de una iniciativa que dañará gravemente los intereses generales del medio rural y de sus habitantes.