El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias no puede ni quiere permanecer en silencio, ante la vulneración de Derechos de la ciudadanía por la falta de colaboración interinstitucional entre la administración estatal y autonómica en cuanto al Ingreso Mínimo Vital.

La Nota Informativa del Trasvase del Salario Social Básico al Ingreso Mínimo Vital, emitida recientemente por la Consejería asturiana de Derechos Sociales y Bienestar, en la que comunica la no validez de los documentos de autorización de cesión de datos entre Administraciones, firmados en los meses previos por perceptores del Salario Social Básico (en adelante SSB) para transitar hacia el Ingreso Mínimo Vital (en lo sucesivo IMV) y por tanto la necesidad de que todas ellas inicien ahora el procedimiento de solicitud de IMV por vía ordinaria a través de las entidades gestoras del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sitúa una vez más a las personas más vulnerables en una situación de violación de sus derechos de ciudadanía.

Generando:        

• Imposibilidad de cobrar atrasos con carácter retroactivo desde junio a quienes tienen que iniciar ahora la solicitud de IMV

• Colapsar la Seguridad Social para: solicitar cita previa, tramitar la prestación, etc.

• Nuevo colapso en el sistema de Servicios Sociales, al que acuden las personas para informarse, buscar apoyo en la tramitación de una prestación externa, por las dificultades del proceso de solicitud, la brecha digital o las reclamaciones por las diferencias de cuantía a la baja del IMV sin justificación.

• Continúo aumento de la sobrecarga para las y los profesionales, que recordamos llevan meses sosteniendo un sistema saturado por las consecuencias de esta pandemia.

• Deslegitimación de las/os Profesionales de Trabajo Social a ojos de las personas usuarias que atendemos, al llevar meses transmitiendo unas indicaciones que ahora son contravenidas.

Ponemos el foco en la aporofobia institucionalizada que supone el laberinto burocrático al que las personas sin recursos económicos han de enfrentarse, unido al sinsentido administrativo que no tiene en cuenta ni habilidades y competencias personales, o digitales, ni recursos y mucho menos, los procesos emocionales vivenciados por las personas con las que trabajamos en situación de necesidad, agravando su proceso de exclusión social.

Exigimos que se garanticen los derechos de la ciudadanía y responsabilidad de las administraciones públicas y mostramos nuestra disposición a acercar de primera mano la realidad social a las y los responsables políticos, así como facilitar alternativas viables y ágiles para una buena gestión de sus derechos básicos.