A su juicio, la norma “contiene unos principios inspiradores absolutamente fundamentales, como son el cumplimiento de la Convención de los Derechos de la Infancia, una educación sin discriminación y con garantías de equidad y la transmisión de unos valores cívicos que conduzcan al ejercicio de una ciudadanía responsable, igualitaria y solidaria”.

La consejera ha explicado que la ley propicia el incremento progresivo de la educación Infantil de 0 a 3 años, aboga por compensar las desigualdades, especialmente en el alumnado con alguna discapacidad; recupera los programas de diversificación curricular en Secundaria y garantiza la gratuidad en la enseñanza pública y en los centros sostenidos con fondos públicos, sin ningún condicionante económico. También ha destacado la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que establecerá estándares básicos del aprendizaje, evaluará las competencias del alumnado y elaborará un sistema estatal de indicadores básicos, incluso disgregados por género.

Carmen Suárez ha adelantado, además, algunos aspectos del calendario de la ley. Entre los primeros asuntos que habrá que poner en marcha figura el proceso de escolarización del alumnado. En el caso del Principado, apenas modifica la normativa autonómica y mantiene los mismos criterios en el proceso de admisión. “Tan solo añade indicaciones susceptibles de introducir en los baremos, en las que se tendrá en cuenta a las familias monoparentales, el alumnado en proceso de acogimiento o también otras circunstancias, como los hogares afectados por la violencia de género o con una discapacidad en el ámbito familiar. Garantiza, por tanto, el equilibro en la admisión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social”, ha indicado la consejera.