El Gobierno de Asturias reducirá en 2021 la tasa de temporalidad de los empleados públicos a casi el 6%, dos puntos por debajo de la recomendación establecida en la normativa nacional. Esta reducción será posible gracias a la ejecución de las ofertas de empleo que Función Pública prevé finalizar el próximo año. 

La Administración del Principado ofertará 1.205 plazas. De ellas, 957 serán para los sectores prioritarios de sanidad (542) y educación (415),  mientras que el resto corresponderá a otros servicios públicos. Además, en los próximos meses concluirá el concurso de méritos convocado para la provisión de más de 1.300 puestos de trabajo singularizados. Aparte, las cuentas incluyen la creación de otras 151 nuevas plazas. 

El vicepresidente y  consejero de  Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha dado a conocer hoy estas actuaciones en su  comparecencia en la Junta General para presentar el proyecto de presupuestos de su departamento para 2021.

Cofiño ha destacado que esas cuentas y las medidas previstas suponen “el inicio de una profunda  reforma de la Administración autonómica y de sus múltiples entes instrumentales que contribuya a la recuperación económica, la creación de empleo y la regeneración democrática a través de la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la modernización”.

También ha remarcado que la reforma administrativa es “un proyecto de legislatura complejo, que requiere estudios profundos para el  desarrollo de diferentes acciones en el ámbito de la gestión de la función pública dirigidas a disponer de los recursos humanos adecuados y con las destrezas y competencias necesarias para la prestación eficiente de servicios públicos de calidad”.

Durante su intervención, ha expuesto la hoja de ruta para esa modernización. Sus líneas principales pasan, entre otras, por el estudio y aplicación de medidas de mejora de la movilidad de los trabajadores, la reducción de las adscripciones temporales, la simplificación administrativa o la elaboración de una nueva ley del empleo público, que plasmará el modelo de la Administración. Un grupo de expertos asesorará en la elaboración de este texto legislativo, que se trasladará al parlamento en el último trimestre de 2021.

El paso previo imprescindible para las actuaciones que se pretenden acometer  es el plan de inspección de 2020, en el que se están analizando  las cargas de trabajo de servicios o unidades administrativas. El informe, que finalizará el próximo año, permitirá  redistribuir el trabajo de forma más racional.

Asimismo, el plan que facilitará la  simplificación administrativa, uno de los ejes vertebradores de la reforma, se iniciará también este año y tendrá como horizonte toda la legislatura. No obstante, la consejería prevé anticipar a 2021 una primera acción, que será incluida en un proyecto de ley de medidas urgentes, con el fin de suprimir trabas en aspectos claves que agilicen las actividades económicas.

Inversiones de saneamiento

La apuesta por impulsar la recuperación de la economía regional de manera más ecológica, resiliente y sostenible, pasa por reforzar las actuaciones en materia de medio ambiente y cambio climático. El presupuesto de la viceconsejería suma 92,1 millones, lo que supone un incremento del 20,5 %.

Además de los importantes proyectos del ciclo integral del agua incluidos para las grandes ciudades (colector interceptor del Nora o reutilización de agua regenerada para usos industriales en la EDAR de Villapérez, en Oviedo; reforma del aliviadero del río San Martín, en Avilés, o la recuperación ambiental del Piles, en Gijón), se abordan inversiones de calado en otras zonas del territorio. 

Entre ellas, figuran los saneamientos de Carreña (Cabrales) con 1,3 millones y de Mestas de Con (Cangas de Onís), con 1,75 millones. Estas dos obras propiciarán una mejora sustancial en la calidad de las aguas del Parque Nacional de los Picos de Europa.  Aparte, están previstos otros proyectos de depuración de aguas residuales en municipios costeros como Ribadesella, Llanes, Villaviciosa, Navia  o Castropol,  así como actuaciones en las cuencas (Aller, Mieres, o Laviana, por ejemplo). 

En calidad ambiental se consigna una importante partida para hacer frente a la restauración de suelos contaminados por la actividad industrial y minera, con actuaciones en Langreo, Llanera, Mieres o Lena. 

La organización de la consejería se modificará como resultado de la supresión del organismo autónomo Junta de Saneamiento. Su estructura pasará a formar parte de la futura Dirección General del Agua, desde la que se desarrollarán todas las obras previstas, por más de 80 millones, hasta 2023.

Igualdad

El presupuesto de la Dirección General de Igualdad asciende a 6.907.500 euros, un 36% más que este ejercicio. Las dos líneas principales de actuación política son la lucha contra la violencia de género y la igualdad económica. 

Este departamento aumentará y mejorará todos los servicios del Principado frente a la violencia de género. Así, se destinan 1.052.120 euros a la Red de Casas de Acogida, a la que se incorporará un nuevo centro en Llanera y dos pisos más en Corvera. El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, de nueva creación, contará con 618.00 euros y otros 100.000 se orientarán a la atención integral de víctimas de explotación sexual. Dentro del mismo objetivo, la ayuda a las víctimas de violencia de género y a menores huérfanos por el asesinato de sus madres se duplica y se eleva a 300.000 euros.

Para hacer frente a la desigualdad económica, se incorporan 2.151.000 euros. Entre otras actuaciones, está prevista la creación de la figura de agentes delegados de igualdad en la empresa, con una consignación de 174.000 euros. También se pondrá en marcha el Plan Asturiano de Corresponsabilidad, como estrategia específica en la reconstrucción de la economía asturiana post-covid y presupuestado en 1.100.000 euros. Esta última cantidad se dedica a ofrecer una vía de apoyo a las familias que han visto mermada su capacidad de cuidado y conciliación de menores de hasta 12 años. 

Reto demográfico

Por lo que se refiere a la acción de gobierno en relación con el reto demográfico, las actuaciones se desarrollan a través de los programas presupuestarios de las distintas consejerías y direcciones generales. Las cuentas del Principado atienden, por una parte, las cuestiones relativas al bienestar de la propia estructura demográfica y la atención a la cohesión social. Por otro lado, tratan de corregir los desequilibrios territoriales y fomentar la cohesión territorial. También fomentan el estímulo a las nuevas oportunidades y la preparación de Asturias para abordar la futura economía.

La política de reto demográfico estará en consonancia, durante los próximos años, con las  orientaciones estratégicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Estrategia  Nacional 2030 frente al Reto Demográfico, actualmente en tramitación y debate con las comunidades autónomas