La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar destinará 279,4 millones al Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD) el próximo ejercicio. Esta cantidad, la más alta de toda la serie histórica, supera en 81 millones (un 40,81% más) la de 2019, cuando el departamento que dirige Melania Álvarez inició el plan de choque para terminar con la lista de espera. La consejera ha defendido hoy en la Junta General las cuentas de su consejería: 467.797.171 euros, 22.792.438 más que este año.

El sistema para la dependencia se puso en marcha en 2007. Respecto a aquel ejercicio, el aumento alcanzará el 145%. El crecimiento responde también al mayor número de beneficiarios. El Principado ha sido, precisamente, la comunidad que más ha elevado la cantidad de personas con prestación en 2020: un 14,4% más, hasta superar las 24.000. 

El presupuesto de Derechos Sociales pretende paliar las consecuencias de la pandemia: “presentamos un proyecto centrado en la atención a las personas, especialmente en las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en aquellas que padecen y padecerán con más crudeza las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Un presupuesto que garantiza la atención a quien lo necesite y  cuando lo necesite”, ha afirmado Melania Álvarez.

La consejera ha hecho hincapié en la mejora de la gestión de la dependencia. El presupuesto, ha calculado, “permitirá afrontar la atención de 5.000 personas con dependencia más que este año y llegar a 29.400 en diciembre de 2021”. 

Red geriátrica

La respuesta a la crisis sanitaria también se refleja en los recursos previstos para el ente Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), que llegan a 155.665.087 euros, un 9,7% más que en  2020.  

Este incremento se traducirá, entre otras cuestiones, en un refuerzo de plazas de titularidad pública. Así, se crearán 120 de gestión directa y 65 concertadas en el nuevo centro de mayores de Lugones, que conllevarán un coste de 1.730.000 euros. 

Entre las medidas para contener el impacto de la crisis sanitaria se incluyen casi 2,5 millones para reforzar el personal que atiende a los residentes. Además, se han presupuestado 3.036.953 euros para inversión en material de seguridad frente al virus.

Vivienda para facilitar la emancipación de los jóvenes

La consejería destinará a políticas de vivienda 36.725.415 euros, tres millones más sobre el presupuesto de 2020. Una de las prioridades es facilitar la emancipación juvenil: “apostamos por la promoción del alquiler para menores de 35 años y esperamos llegar a 4.000 jóvenes”, ha afirmado Melania Álvarez. La consejera también ha citado nuevos objetivos para los próximos años; entre ellos, promover el cohousing en 2022.

Refuerzo del Plan Concertado 

Con el objetivo de apoyar el papel de la Administración local en la gestión de la respuesta social a la crisis sanitaria, en 2021 volverá a reforzarse con un incremento del 5% el Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas, para el que la aportación autonómica será de 30.124.500 euros.

Mantener  el salario social básico

Derechos Sociales calcula que 9.500 personas beneficiarias del salario social pasarán a percibir el ingreso mínimo vital el próximo año. La primera prestación es autonómica; la segunda, estatal. 

Pese a la disminución de perceptores, el salario social continuará dando cobertura a unas 17.500 familias. Para esta finalidad se destinan 82,2 millones. 

La consejería impulsará también políticas de empleo específicas para beneficiarios del salario social, en especial en tres ámbitos: desarrollo sostenible y medio ambiente, sistema de cuidados de larga duración y construcción y rehabilitación.

46 millones para reforzar el tercer sector

El departamento que encabeza Melania Álvarez destinará 46 millones al tercer sector, cinco más que este ejercicio. También se asegurará la estabilidad en la financiación de las entidades. El presupuesto permitirá crear 31 plazas de alojamiento para personas con discapacidad, 65 en centros de apoyo a la integración y 15 más para programas específicos de transición a la vida adulta.  

Las oportunidades de la silver economy

Para avanzar en la adaptación al cambio social del Sistema Asturiano de Servicios Sociales la consejería aumentará un 192,4% los fondos para estudios, documentos técnicos y proyectos de investigación, hasta los 348.000 euros. Estos trabajos se desarrollarán para promover la calidad de los propios servicios sociales y, entre otros objetivos, analizar el desarrollo de actividades económicas vinculadas a la silver economy, que engloba todos aquellos productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores. 

“El incremento de la mayor esperanza de vida y de los nuevos modelos sociales, familiares y económicos ofrecen una perspectiva diferente al proceso de envejecimiento. Ya no se puede hablar de vejez sin más, sino de nuevos envejecimientos, diversos. Diversidad también en las expectativas ante nuevos modos de vida y que requieren de pluralidad en el planteamiento de soluciones ante los distintos retos que se tendrán que abordar”, ha asegurado Álvarez.