La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha anunciado que "a partir de este momento, con carácter de ejecución provisional, la Administración General del Estado es la poseedora del Pazo de Meirás".
Madrid.-Hoy se ha hecho efectiva la entrega de llaves del Pazo de Meirás, tras la decisión de la jueza del Juzgado nº 1 de Primera Instancia de A Coruña, Marta Canales, de que la familia Franco devolviera este bien inmueble a la Administración General del Estado.
En el acto judicial han participado los representantes legales de las partes, entre las que se encuentran el Estado; la Xunta, el Ayuntamiento de Sada, y la Diputación.
En representación de las autoridades estatales ha acudido la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, que en declaraciones a la prensa ha comunicado que "a partir de este momento, con carácter de ejecución provisional, la Administración General del Estado es la poseedora del Pazo de Meirás".
Castro, además, ha destacado el "enorme trabajo que ha hecho la Abogacía del Estado", así como "la extraordinaria llevanza de este pleito" de su equipo, en especial de los abogados del Estado, Javier Suárez y Adela Álvarez, ya que ha sido "jurídicamente complejo y muy singular".
Del mismo modo, la abogada general del Estado ha señalado que es gratificante que este día coincida con el Día Internacional de los Derechos Humanos, "por la significación que este acto tiene en términos de memoria democrática". Y aunque Castro ha vuelto a recordar que es una ejecución provisional, también ha señalado la importancia que tiene este día por "su valor simbólico e histórico que nadie puede ignorar".
Previamente al acto judicial, los peritos de Patrimonio Cultural de la Xunta han revisado nuevamente los bienes inventariados hace solo unas semanas para comprobar que se encontraban en el mismo estado. Posteriormente, la abogada general del Estado, junto a la subsecretaria de Hacienda, Mª del Pilar Paneque, han visitado el pazo y sus instalaciones.
De este modo, la entrega de las llaves da cumplimiento a la ejecución provisional de la sentencia, por lo que la Administración del Estado asume los derechos y obligaciones inherentes a su condición de poseedor del pazo
