Madrid.-El Consejo de Ministros ha analizado este martes el Plan Estatal para la Vacunación Covid-19 que “fija una estrategia común para todo el país” de cara a “estar listos” para vacunar contra el coronavirus “desde el mismo momento en que se empiecen a recibir dosis” de vacunas que “hayan garantizado su seguridad y eficacia”.

En la rueda de prensa posterior, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que “los grupos que se van a priorizar” a la hora de recibir la vacuna serán 18 grupos de población, encabezados en primer lugar por “los residentes, el personal sanitario y sociosanitario de residencias de personas mayores y con discapacidad”. “Les seguirá el resto del personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados”. En total engloba a unos 2 millones y medio de personas.

Respecto a la disponibilidad de las dosis, avanzó que en los tres primeros meses del año el suministro de dosis será “muy limitado” para, posteriormente, producirse “un incremento progresivo del número de vacunas”, y una tercera etapa -a partir de junio- en la que “se podrá cubrir ya a todos los grupos prioritarios”.

Illa ha explicado que a nuestro país le va a corresponder el 10% de las dosis adquiridas por la Unión Europea. Y que la estrategia única de vacunación para todo el territorio, dependerá del Sistema Nacional de Salud, a través de sus 13.000 puntos de vacunación. Será además una vacuna “gratuita” y “voluntaria”, y se creará un sistema de información y registro para el seguimiento de todo el proceso.

El ministro de Sanidad ha insistido en que todas las vacunas que se van a recibir “dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las que se emplean habitualmente en nuestro país”. “Estamos, pues, ante uno de los retos más importantes de país que va a proporcionar inmunidad y a salvar vidas”.

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. A su juicio, reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un ejercicio de “coherencia constitucional”, ya que “el rol constitucional del juez y del fiscal adquiere un grado superlativo” y da “cumplimiento al mandato de la UE”.

Campo explicó que el primer eje de esta ley es la “actualización del modelo penal”. En este punto, la principal novedad es que se convierte al fiscal en el instructor del procedimiento, el que investiga, y se crea la figura del juez de garantías para velar por la legalidad de las actuaciones que se desarrollen en esta fase. “Todos los países de nuestro entorno, a excepción de Francia, y Austria tienen un modelo donde el fiscal es el que lleva la investigación y los jueces ocupan otro rol, que es el papel de las garantías. Y esa es la idea básica que preside este nuevo modelo de proceso penal”, explicó.

El segundo eje de la ley es la incorporación de nuevas herramientas de lucha contra la criminalidad, con la regulación de las técnicas de investigación avanzadas como el ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática. Y el tercer eje-avanzó el ministro consiste en “el reforzamiento de las garantías”, ya que “la víctima ocupa el papel central del proceso penal”.

“Ahora se abre un proceso intenso de consultas, de mejora de un texto rico en su origen que tiene que ser asumido por todos y cada uno, porque todos tienen elementos que aportar y mejorar y por eso se va a articular toda una ronda de consultas y aportaciones”. En definitiva, se trata de seguir apostando por la “cogobernanza”-dijo- y se mostró esperanzado de que la ley salga adelante cuanto antes.

María Jesús Montero

Finalmente la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, se ha referido a la declaración que, con motivo de la celebración mañana del Día para la eliminación de la violencia contra las Mujeres, ha adoptado el Gobierno. En ella se destaca el “compromiso firme del Gobierno con la igualdad efectiva” entre mujeres y hombres; y también “con la prevención y la respuesta frente a todas y cada una de las formas de violencia machista”.

Para el Ejecutivo, se trata de “una política prioritaria y central en la consecución de un país desarrollado, más justo, libre, igualitario, que requiere por tanto seguir redoblando esfuerzos ante una lacra que dura ya demasiado tiempo y en la que tenemos que seguir dando pasos adelante, a pesar de los que se han ido realizando en los últimos años”.

El Consejo de Ministro ha aprobado también la ampliación hasta el 1 de junio de 2021 de las dos líneas de avales de inversión y liquidez para las empresas que se aprobaron en julio de este año, y ha dado luz verde a la firma de convenio de nacionalidad entre España y Francia para dejar de exigir a los nacionales de ambas partes la renuncia a la nacionalidad de origen cuando adquieren la nacionalidad del otro país, tal y como venía haciéndose hasta este momento.