Madrid (Delegación).-El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para establecer el límite de gasto no financiero del Estado para 2021, lo que supone un paso fundamental para la elaboración de los Presupuestos Generales, que deben sentar las bases para la reconstrucción social y económica del país. Se trata de un techo de gasto que asciende hasta los 196.097 millones de euros. Es una cifra que no admite una comparación homogénea con ejercicios anteriores por el contexto de pandemia en el que se ha elaborado y porque incluye transferencias extraordinarias a comunidades autónomas y Seguridad Social, así como la absorción importante de un primer paquete de Fondos europeos.

Asimismo, el acuerdo contempla también suspender las reglas fiscales en 2020 y en 2021. Se trata de una medida extraordinaria que se adopta en un escenario de pandemia y que se sustenta en la decisión adoptada por la Comisión Europea de activar la cláusula de salvaguarda para este año y el próximo.

El objetivo del Ejecutivo con esta medida es poner a disposición del conjunto de las administraciones públicas todas las herramientas posibles para hacer frente a la emergencia sanitaria y, al mismo tiempo, permitir una flexibilidad fiscal que permita impulsar la recuperación económica y social.

El Gobierno solicitará al Congreso que aprecie si España se encuentra en una situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional contemplada en la Constitución Española y en la Ley de Estabilidad.

La suspensión de las reglas fiscales no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal. De hecho, la intención es avanzar hacia una senda descendente del déficit público que comenzará de forma significativa a partir del próximo año.

Suspensión de reglas fiscales

En un escenario de pandemia mundial, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, que también se prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembro dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.

Siguiendo esas directrices de las autoridades comunitarias, el Gobierno de España ha aprobado suspender las reglas fiscales en 2020 y 2021. Se trata de una medida que han adoptado otros países europeos y que también ha recibido el beneplácito del FMI.

Como consecuencia de esta decisión, el Consejo de Ministros ha suspendido la senda y los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno en febrero y que han quedado absolutamente desfasados por el impacto de la crisis.

La suspensión de las reglas fiscales, además de ir en la misma dirección que la adoptada por la UE, es una medida amparada por la Constitución Española y por la Ley de Estabilidad. En concreto, el artículo 135.4 de la Carta Magna recoge esta suspensión en caso de "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados".

Por tanto, el Consejo de Ministros ha solicitado al Congreso que declare si España se encuentra en uno de esos supuestos recogidos en la Constitución y que habilitan la suspensión de las reglas fiscales.

Referencia de déficit

La previsión para el año en curso es que el déficit público cierre en torno al 11,3% del PIB. Una cifra elevada por el impacto de la pandemia, pero Montero ha resaltado que la intención del Gobierno es iniciar el camino de la consolidación fiscal mediante una reducción paulatina del déficit público a partir del próximo ejercicio. De hecho, el déficit de referencia en 2021 será del 7,7%, lo que supone un descenso de 3,6 puntos respecto a 2020. Se trata de unas de las mayores reducciones del déficit jamás registradas.

Referencias por subsectores

La referencia de déficit por subsectores muestra cómo la Administración Central asume la mayor parte del coste de la pandemia, algo que ha ocurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria. De hecho, la Administración Central asumirá gran parte del déficit de las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social.

En principio, la tasa de referencia del déficit del 7,7% de 2021 se repartiría de la siguiente forma: un 2,4% para la Administración Central; un 2,2% para las Comunidades Autónomas; un 3% para la Seguridad Social; y un 0,1% para las Entidades Locales.

Sin embargo, la ministra de Hacienda ha anunciado que el Gobierno aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.

Por tanto, la tasa de referencia en 2021 será finalmente del 5,2% para la Administración Central. La referencia de las Comunidades Autónomas se reducirá a la mitad y se situará en el, 1,1%. La Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%.

Las Entidades Locales mantendrán su tasa de déficit del 0,1%, aunque gracias a la suspensión de las reglas fiscales podrán hacer uso de sus remanentes y contribuir así en la recuperación económica y social de España.

Techo de gasto

El Consejo de Ministros también ha fijado el límite de gasto no financiero del Estado para 2021. Es un paso clave para la elaboración de los Presupuestos Generales que tienen como objetivo reconstruir los daños económicos, sociales y sanitarios provocados por la pandemia. La ministra ha indicado que las cuentas públicas deben ser, además, el vehículo para canalizar los fondos europeos que permitan diseñar la transformación del modelo productivo de España hacia una mayor digitalización, un impulso a la transición energética y una mayor igualdad de género.

Todas estas circunstancias hacen que el techo de gasto de 2021 no sea comparable al de años precedentes. De hecho, para analizar el techo de gasto hay que tener en cuenta diversos factores.

En primer lugar, está lo que se podría denominar límite de gasto homogéneo, que asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este aumento se debe a las mayores partidas para cubrir el Ingreso Mínimo Vital, incrementar las partidas en dependencia, reforzar la educación o las aportaciones a la Unión Europea. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.

Sin embargo, hay que añadir varios elementos que no tienen equivalencia en años anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte de la referencia de la Seguridad Social. Esta partida, eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros.

Además, hay que incluir una parte de los Fondos europeos. El Consejo Europeo aprobó movilizar 750.000 millones de euros, que se articularán fundamentalmente a través de un Fondo de Recuperación. En concreto, a España le corresponden 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros 12.436 millones del Programa REACT-EU.

El Plan de Recuperación que España presentará a las instituciones europeas recogerá 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación en 2021, que se incorporan al techo de gasto. Además, como se informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer, la mayor parte de los 12.436 millones del programa REACT-EU se destinarán a las CCAA, aunque habrá 2.436 millones que se incorporarán al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.

Por tanto, el techo de gasto de 2021 incorporará un total de 27.436 millones de los fondos europeos, lo que eleva el límite de gasto no financiero hasta los 196.097 millones. La ministra Montero ha señalado que los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público ya que se reconocen como un ingreso.

Con esta cantidad de recursos sin precedentes, se elaborarán unos Presupuestos Generales expansivos que permitirán proteger a las familias con un fortalecimiento del Estado de Bienestar y ayudar a las empresas reactivando la economía.

Previsiones de deuda

En cuanto a los objetivos de deuda pública, el Gobierno prevé que se sitúe al cierre de este año en el entorno del 118% del PIB como consecuencia del esfuerzo fiscal realizado para mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis y del impacto de los estabilizadores automáticos. No serán necesarias para este año emisiones adicionales de deuda sobre las ya previstas.

Informe de situación económica

Asimismo, el Gobierno ha analizado el informe de situación de la economía española, que revisa el escenario macroeconómico incorporando los últimos datos publicados, en un entorno que sigue siendo de gran incertidumbre para la elaboración de estimaciones.

Las previsiones para 2020 apuntan a una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 11,2%, en línea con las estimaciones de la OCDE, FMI, Comisión Europea y Banco de España.

Esta revisión a la baja respecto a la realizada en abril en el Programa de Estabilidad se debe, fundamentalmente, a los datos registrados en el segundo trimestre lastrados por la debilidad del consumo interno y la inversión, como consecuencia de las medidas de reducción de la movilidad en el periodo de hibernación de la economía.

En el caso del tercer trimestre, se prevé que el crecimiento sea superior al 10%, por encima de lo que se preveía en abril.

Para 2021, se estima una recuperación del 7,2%, sin contar con los efectos adicionales que aporte el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La tasa de paro se situaría en el 16,9%, dos décimas mejor de lo estimado.

Esas cifras no incorporan los efectos del citado plan, que puede llegar a impulsar en más de dos puntos adicionales el crecimiento en 2021, de forma que alcance el 9,8%, como consecuencia de un mayor dinamismo de la inversión, el consumo privado, las exportaciones y el empleo. Esto permitiría que la tasa de paro se reduzca de forma adicional hasta el 16,3%.

Cuadro macroeconómico inercial y con impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia