Madrid.-El Pleno del Congreso ha aprobado esta semana la creación de una Comisión de Investigación "relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular" y ha acordado iniciar la tramitación de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que continuará su trámite en Comisión.
La Comisión, solicitada por Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ha sido aprobada con 206 votos a favor, 88 en contra y 54 abstenciones. Tendrá una duración de tres meses desde su constitución, que podrá ser prorrogada por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados. Finalizados los trabajos, se elevará al Pleno el dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos particulares que los grupos parlamentarios presenten, pudiendo acordar, en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso traslade al Ministerio Fiscal las mismas para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.
En la sesión de este jueves también se han aprobado seis dictámenes remitidos por la Comisión de Asuntos Exteriores, entre ellos el Convenio Multilateral sobre convenios internacionales para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios; el Convenio con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento; y convenios bilaterales con la República de Bielorrusia, con la República Popular China.
Proposiciones de Ley
En la sesión del martes, 29 de septiembre, el Pleno aprobó con 203 votos a favor, 141 en contra y 6 abstenciones la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, presentada por el  Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). 
Esta proposición de ley plantea la modificación de varios artículos de la Ley de protección de la seguridad ciudadana con el objetivo, asegura el grupo proponente, de mantener ¿el principio interpretativo de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, por el cual debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga".
Por contra, el Pleno rechazó con 151 votos a favor, 176 en contra y 23 abstenciones, la  Proposición de Ley para habilitar a los Ayuntamientos para que, de manera potestativa, puedan establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, sector primario y emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus actividades por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19, presentada por Foro Asturias, integrado en el G.P. Mixto. 
El texto planteaba eventuales bonificaciones fiscales para el presente ejercicio con el objetivo, aseguran, de llevar a cabo "medidas proactivas que faciliten el desarrollo de la actividad económica, conserven el tejido productivo, generen confianza para la reacción económica y la generación de empleo".