La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presidido la Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la que están representadas las comunidades y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde están representadas las mismas administraciones y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA.

En ambas reuniones, han asistido junto a la ministra el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, la subsecretaria, Dionisia Manteca, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel. En representación de las administraciones territoriales han asistido por videoconferencia los consejeros y directores generales autonómicos y de las ciudades de Ceuta y Melilla con competencias en Función Pública así como representantes de la FEMP.

Compromiso de la Conferencia Sectorial y Acuerdo de Mesa General

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública del pasado 11 de junio se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público. Para ello, se dio un mandato a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que también están representadas las tres administraciones, para que elaborase una propuesta.

La Comisión de Coordinación se ha reunido de forma virtual en tres ocasiones (18 junio, 9 julio y 9 de septiembre). En la última reunión, 9 de septiembre, acordó un texto de consenso con todas las CCAA sobre un nuevo artículo 47 bis del TREBEP.

El 10 de septiembre se constituyó un grupo de trabajo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, formado por Administración y sindicatos, para abrir la negociación hasta llegar al acuerdo que finalmente la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha suscrito con los representantes sindicales en la Función Pública de CSIF, UGT y CCOO.

Gracias a este acuerdo, que supondrá tramitar la inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales.

Regulación del teletrabajo en el Estatuto Básico del Empleado Público

La regulación del teletrabajo en las administraciones públicas se incorporará en un nuevo artículo 47 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), con las siguientes características:

• Se regula con carácter básico la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, fomentando así el uso de las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración digital con las consiguientes ventajas tanto para las empleadas y empleados públicos como para la administración y la sociedad en general.
• Además, el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario que corresponda en cada caso y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
• Requisito previo será la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.
• La prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta. Será en cada ámbito y en la normativa reguladora que a tal efecto se dicte por cada administración competente donde se determine el porcentaje de la prestación de servicios que puede desarrollarse por esta nueva modalidad, de tal manera que se combine el trabajo presencial y el teletrabajo en el régimen que se establezca, y se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía
• Se define en primer lugar el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
• Se establece expresamente que, en todo caso, el teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. Al tratarse de la regulación de una modalidad de trabajo y flexibilización de la organización de carácter estructural para las administraciones públicas, ha de servir para la mejor consecución de los objetivos en su servicio a los intereses generales.
• Se rechazará la conceptualización del teletrabajo como derecho subjetivo, puesto que sin perjuicio de su voluntariedad, su utilización deberá venir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio.
• Se establece igualmente que la prestación del servicio a través de esta modalidad de trabajo habrá de ser expresamente autorizada, a través de criterios objetivos para el acceso, y compatible con la modalidad presencial que, como se ha dicho, seguirá siendo la modalidad ordinaria de trabajo.
• El personal que preste servicios mediante esta modalidad tendrá los mismos deberes y derechos que el resto de empleadas y empleados públicos, debiendo la administración proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad.
• El desempeño concreto de la actividad por teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito.
• Se garantizan el derecho a la intimidad o la desconexión digital, así como la atención presencial a la ciudadanía y los derechos individuales y colectivos del personal, y se presta una especial atención a los deberes en materia de confidencialidad y protección de datos.
• Las administraciones públicas que lo requieran dispondrán de un periodo de seis meses para adaptar la nueva regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

Las principales ventajas que aporta esta nueva regulación, tanto para la sociedad como para las administraciones públicas son, según el acuerdo firmado, el fomento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la Administración digital, la reducción en desplazamientos, la sostenibilidad ambiental, en línea con los ODS 2030, o la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, respetando en todo caso los principios de transparencia, igualdad entre mujeres y hombres y corresponsabilidad.

La regulación del teletrabajo era un compromiso de legislatura, cuya ejecución se ha tenido que adelantar por la situación originada por la pandemia del COVID-19.