Recortes Cero manifiesta su rechazo a la absorción de Bankia por parte de CaixaBank porque aleja la opción de formar una banca pública de referencia. Exigimos que los 24.000 millones de propiedad pública que se invirtieron en el rescate de Bankia se pongan al servicio de generar riqueza y empleo.

Las noticias publicadas en los medios han dejado claro que asistimos a una absorción y no a una fusión entre Bankia y Caixa Bank. De hecho, la entidad resultante se va a llamar Caixa-Bank. Esta absorción, en uno de los países más bancarizados del mundo, representa un salto en la concentración de capital. Asimismo, esta operación es una mala noticia porque significa perder una oportunidad de formar un Banco Público.

Recortes Cero hemos defendido, desde nuestro nacimiento, que tener un Banco Público es imprescindible para poder plantearnos un proyecto de reindustrialización. Nuestro país necesita urgentemente una reconstrucción del tejido productivo que acabe con la completa dependencia de nuestra economía de sectores como el turismo que, como estamos viendo, nos hace totalmente vulnerables. 

Un proyecto de reindustrialización conlleva necesariamente poner una parte muy importante de los recursos del Estado en la dirección de crear riqueza y empleo, toda la inversión que sea necesaria –España es un país más que solvente– y una Banca Pública.

Hay que recordar que el 60% del capital de Bankia es público, fruto del rescate bancario y que Bankia el año pasado rindió 541 millones, estos recursos deben ponerse al servicio de las necesidades de la mayoría.

Esto, que es de justicia, adquiere una especial relevancia en unos momentos de crisis como los que estamos viniendo y están por venir. El hecho de que la entidad resultante se llame Caixa-Bank y se haga desaparecer el nombre de Bankia es un dato que resulta particularmente llamativo y parece buscar la disolución de la entidad rescatada y también de su deuda, dado que nadie habla de esta cuestión.

Recortes Cero nos oponemos a la entrega de Bankia a La Caixa con el dinero del rescate bancario. Reclamamos que los 24.000 millones, que se dijo que se iban a devolver, se pongan al servicio de generar riqueza y empleo. En este sentido, exigimos un riguroso control de la operación, la más absoluta transparencia y que el dinero del rescate – dentro de la nueva entidad - siga siendo propiedad pública y su rendimiento sea invertido por el estado en reindustrializar el país y reconstruir el tejido productivo.