Carlos Martínez,
Presidente de IMF Institución Académica.
La actual pandemia se está dilatando en el tiempo por culpa de un virus cuya supervivencia está siendo muy superior a lo esperado, incluso por las previsiones más pesimistas. Tras casi diez meses desde el primer caso y con más de 100 días de estado de alarma en España, el virus sigue transmitiéndose con fuerza por nuestro país, causando no solo la enfermedad y la muerte por ciudades y pueblos de toda España, sino también un perjuicio económico sin precedentes.
Una de las primeras soluciones que esgrimió el Gobierno para que adoptaran miles de empresas de nuestro país, ya fueran grandes multinacionales o pymes, son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), que como ya conocemos suponen una suspensión con carácter temporal de los contratos, una interrupción de la relación laboral entre compañía y trabajador que se establece por un plazo de tiempo determinado y que las compañías han adoptado, en este caso, por causa de fuerza mayor.
Si echamos un vistazo a los datos, las empresas enviaron a los ERTEs a cerca de 4 millones de trabajadores, de los que siguen adheridos en la actualidad un 20% de ellos, unos 800.000 según los últimos datos. Una cifra realmente excepcional en una situación inédita y extrema, sí, que continúa y que parece va a continuar más allá del medio año previsto. Todos los afectados, independientemente de lo que hayan cotizado, han cobrado (o esperan cobrar) la prestación por desempleo, cuya cuantía es del 70 % de la base reguladora (calculada con el promedio de la base de cotización de los últimos 180 días) en los seis primeros meses, y del 50 % a partir de ese momento, cuya fecha prevista era el próximo 30 de septiembre.
Sin embargo, en las primeras negociaciones del pasado lunes entre Gobierno y los agentes sociales (patronal y sindicatos), la idea es prorrogar la fecha más allá del 30 de septiembre, y que ese 70% se mantenga también en el tiempo. UGT y CCOO ven “absolutamente necesario” que los expedientes se mantengan en la situación actual como “alternativa” al despido, y mantener los llamados “ERTE de rebrotes” en las actividades que de nuevo han tenido que cesar su actividad, como los locales de ocio nocturno o la hotelería. Desde el empresariado, se defiende la idea de establecer la exención de cotizaciones a las empresas que continúan sin actividad.
Como ya he comentado en otras ocasiones, los ERTEs deben aplicarse en los casos en los que la supervivencia del negocio esté en peligro, y no puede suponer para las empresas una falta de esfuerzo económico, de perpetuar una situación con el mínimo número de empleados posible, ni una forma de acomodación para el trabajador, que muchas veces prefiere cobrar una prestación estando en su domicilio que teniendo que acudir, a diario, a su puesto de trabajo. Y la que parece inminente cuarta prórroga de la situación de estos expedientes amenaza con prolongarlo en el tiempo.
Europa acaba de anunciar que nuestro país ha registrado la mayor caída del PIB y de empleo en toda la zona euro, pues Eurostat nos señala como la economía con peor evolución, con una contracción del 18,5% del PIB. Un nuevo varapalo para un país en una situación ya de por sí delicada en lo laboral y en lo productivo, y cuyos vitales activos, como el turismo o la hostelería, han sufrido el peor verano de su historia más reciente. La situación es grave, y tenemos que actuar con sensatez y con compromiso por parte de todos.
Por ello, me gustaría pedir, tanto al Gobierno como a los agentes sociales, que sopesen el mantenimiento de los ERTEs y esa cuarta prórroga y hasta cuándo llegará. Que midan con cabeza, y no solo corazón, lo que puede suponer ampliar sine die lo que tiene que ser una situación laboral excepcional. Que traten de buscar alternativas que no pasen por una situación acomodaticia peligrosa, y que, entre todos, sean capaces de activar el consumo, de reinventar nuestra economía, de apostar por la reconversión para que no sigamos yendo a la cola de la eurozona.
