El Principado recuerda que todas las personas que cobran la prestación autonómica social seguirán percibiéndola hasta que se resuelvan sus solicitudes

Los ayuntamientos y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar han recibido la autorización de más de 14.700 beneficiarios del salario social para pasar a percibir el ingreso mínimo vital, lo que representa el 66% del total. Este es el balance del proceso que comenzó el 15 de junio y concluyó el 17 de agosto, por el que las administraciones local y autonómica han obtenido el permiso de estas personas para que el Gobierno central gestione directamente su solicitud de la renta estatal.

El procedimiento ha evitado a los usuarios cargas burocráticas, tal y como se había comprometido meses atrás la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. Los perceptores que no han dado su consentimiento en este período deberán realizar ahora la tramitación a título particular en los canales habilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

Tras la labor desarrollada por las entidades locales, el Gobierno del Principado trabaja intensamente para enviar antes del 15 de septiembre el fichero con los datos de los expedientes que cumplan los requisitos requeridos por el INSS. Este es el plazo otorgado por el gobierno estatal para que las solicitudes sean aceptadas y se tramiten con efecto retroactivo de 1 de junio. La Administración central dispone de tres meses para resolver los expedientes recibidos.

Álvarez ha recordado que las personas que cobran el salario social seguirán percibiéndolo hasta que se resuelvan sus solicitudes. Además, si la cuantía que se les reconociera en la prestación nacional fuese inferior a la autonómica, se les garantizará que alcancen el importe del salario social.

En Asturias hay registradas 22.219 familias que perciben el salario social básico. La previsión es que la mayoría pasen a cobrar el ingreso mínimo vital, si bien el Principado mantendrá la ayuda autonómica para aquellos colectivos que queden excluidos de la renta estatal, como es el caso de las personas con pensiones no contributivas, las mayores de 65 años que vivan solas o las unidades familiares que lleven conviviendo menos de un año.