La reorganización no supondrá un aumento del número total de altos cargos - Medio Rural y Cohesión Territorial contará con una Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio y se suprime la Agencia de Transportes - Clara Sierra, hasta ahora responsable del Instituto de la Juventud, pasará a ser directora general de Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI - La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se hará cargo de la empresa Sedes para aglutinar todas las políticas públicas de vivienda en el mismo departamento - El Ejecutivo da luz verde al decreto que regula la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que liderará el vicepresidente, Juan Cofiño
Asturias.-El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy su nueva estructura con un doble objetivo: abordar la reforma y modernización de la Administración y apoyar el desarrollo del medio rural. El Ejecutivo también ha ratificado el decreto que regula la creación de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos, que liderará el vicepresidente Juan Cofiño.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció la reestructuración el 20 de junio. El jefe del Ejecutivo explicó que los cambios provocados por la pandemia le han llevado al convencimiento de que la puesta al día de la Administración debe afrontarse esta legislatura. También aseguró que la crisis sanitaria supondrá un refuerzo del medio rural, una de las prioridades del Gobierno de Asturias. Con estos planteamientos, Barbón adelantó la reforma del Ejecutivo para crear dos consejerías. Una, la de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, dirigida por Juan Cofiño. Otra, la de Medio Rural y Cohesión Territorial, responsabilidad de Alejandro Calvo. Ambos tomaron posesión de sus cargos la semana pasada.
El Consejo de Gobierno ha dado esta mañana un nuevo paso con la aprobación de los respectivos decretos de estructura. Uno de los principales cambios es la creación de la Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio. Aparte, Clara Sierra, hasta ahora responsable del Instituto de la Juventud, pasará a asumir también el área de diversidad sexual y derechos LGTBI en una nueva dirección general. Estas funciones continuarán en la Consejería de Presidencia.
Las modificaciones también afectan a las consejerías de Hacienda, Educación y Servicios Sociales, aunque en menor medida. Los cambios no conllevan un incremento del número total de altos cargos. A continuación se resumen las modificaciones:
Vicepresidencia y Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Dirigida por Juan Cofiño, esta consejería se encargará de preparar y afrontar la reforma de la Administración autonómica. El vicepresidente dirige también el Comité de coordinación de la Desescalada y la Comisión delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos. A efectos de la estructura del gobierno, la consejería mantiene el rango de vicepresidencia y asume la Dirección General de Función Pública, entre cuyas tareas figuran la administración y gestión económica del personal de la Administración, relaciones laborales y ordenación de recursos humanos, prevención de riesgos laborales e inspección general de servicios. Además, mantiene las competencias en Medio Ambiente y Cambio Climático así como las relacionadas con la coordinación del gobierno, los servicios jurídicos o las relaciones con la Junta General. En cuanto a sus órganos centrales, además de la Secretaría General Técnica, se estructura de la siguiente forma:
Dirección General de la VicepresidenciaDirección General de Función Pública. Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático: Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. Este departamento contará con dos órganos de asesoramiento y apoyo: la Comisión Superior de Personal y la Comisión para Asuntos Medioambientales. La Junta de Saneamiento continuará formando parte de la consejería, que también seguirá ejerciendo las competencias que se atribuyen al Principado en Cogersa y Cadasa.
Consejería de Presidencia
La consejería que dirige Rita Camblor asume las competencias relativas a diversidad sexual y derechos LGTBI, que se integrarán en la nueva Dirección General de Juventud (que sustituye al Instituto Asturiano de la Juventud), y al frente de la cual seguirá estando Clara Sierra. El Instituto Asturiano de la Juventud ya tenía rango de dirección general. El cambio conlleva también una reordenación de las funciones del área de Estrategia Digital que asume la dirección, diseño, desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental y las políticas de digitalización. También se ocupará de la gestión y explotación de los datos almacenados. Finalmente, se crea el Servicio de Cooperación al Desarrollo, en la Agencia Asturiana de Cooperación, hasta ahora dotado solamente con una Sección y varios técnicos y personal auxiliar.
Consejería de Hacienda
Hacienda, liderada por Ana Cárcaba, asume sector público, hasta ahora en la Consejería de Presidencia. Esta nueva competencia no aumentará la estructura de altos cargos de Hacienda. Cárcaba trabajará conjuntamente con el vicepresidente Juan Cofiño en la reforma de la Administración autonómica y, en especial, de los órganos, entes y fundaciones que constituyen el sector público.
Consejería de Educación
Los ajustes en la consejería que titula Carmen Suárez responden a las necesidades detectadas tras la declaración del estado de alarma y, más en concreto, a la planificación del nuevo curso, con el objetivo de conciliar la mayor presencia posible en las aulas con un respeto escrupuloso a las normas de seguridad. Los cambios en este departamento sólo afectan a la Dirección General de Personal Docente, que reforma sus dos servicios: -el de plantillas y costes de personal, que pasa a llamarse servicio de relaciones laborales, programación de efectivos y costes de personal docente -y el hasta la fecha de gestión administrativa y relaciones laborales, que pasa a ser servicio de gestión administrativa de personal docente. Gracias a estos cambios se ordenan y definen de manera equilibrada tanto las competencias como las cargas de trabajo de cada uno de los servicios de la dirección general. Aparte, la Secretaría General Técnica asumirá funciones en materia de responsabilidad patrimonial. Igualmente, las distintas direcciones generales ejercerán funciones de coordinación sobre las plataformas informáticas de su ámbito de gestión, con la finalidad de mejorar y ordenar el aprovechamiento de los recursos telemáticos.
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, también ha decidido cambios en su departamento. En este caso, la Dirección General de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social integrará el Servicio de Inspección y Calidad. Este servicio es el encargado de ejercer las funciones inspectoras de servicios y prestaciones económicas del sistema público asturiano de servicios sociales para verificar el cumplimiento de la normativa. También se ocupa del diseño y evaluación de las políticas de calidad de las prestaciones ligadas al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Además, la empresa Sedes S.A. pasa a depender de la Dirección General de Vivienda con el fin de reunir todas las políticas de este ámbito en la misma consejería para racionalizar el sector público. Esta sociedad mercantil, fundada en 1947, estaba adscrita hasta ahora a la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Esta consejería agrupa, con la de Administración Autonómica, los cambios más importantes. Dirigida por Alejandro Calvo, se encargará de conciliar el respaldo al medio rural con las políticas de infraestructuras. En cuanto a su estructura, la consejería mantiene las competencias en materia de medio natural, recursos agrícolas, forestarles, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria y de desarrollo rural. Al tiempo, asume las de infraestructuras viarias y portuarias, transportes, conectividad y movilidad y ordenación del territorio y urbanismo.
Los cambios introducidos permiten recuperar una visión más integral de la planificación y la gestión de las infraestructuras, de tal forma que, además de responder a criterios demográficos, contribuya a generar desarrollo económico y movilidad sostenible en todo el territorio, especialmente en las alas de la región.
Se crea la Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, que se encargará de coordinar las acciones de tres direcciones generales en materia infraestructuras viarias y portuarias; transportes, conectividad y movilidad; ordenación del territorio y urbanismo. En la nueva estructura desaparece la Agencia de Transportes, que se integra en la Dirección General de Transportes y Movilidad. Así, se crea alto cargo (una viceconsejería), pero desaparece otro (la dirección de la Agencia de Transportes).
Cómo órganos centrales, además de la Secretaria General Técnica, se incluyen los siguientes: Dirección General de Ganadería y Sanidad AnimalDirección General de Desarrollo Rural y AgroalimentaciónDirección General de Infraestructuras Rurales y MontesDirección General de Medio Natural y Planificación RuralDirección General de Pesca MarítimaViceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio: Dirección General de Infraestructuras Viarias y PortuariasDirección General de Transportes y MovilidadDirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
De la consejería dependen también la entidad pública Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (Serida) y la Comisión Regional del Banco de Tierras. Y como órganos de asesoramiento y apoyo dispone de: Consejo Forestal del Principado de AsturiasConsejo Agrario del Principado de AsturiasConsejo Agroalimentario del Principado de AsturiasConsejo Regional de CazaConsejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales del Principado de AsturiasComisión Cartográfica del Principado de AsturiasConsejo de la Movilidad del Principado de Asturias También están adscritos a la consejería el ente público el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), y los órganos Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.
Comisión para asuntos económicos
El Ejecutivo ha aprobado también el decreto de creación de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos, integrada por los titulares de las consejerías de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño; de Hacienda, Ana Cárcaba; de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez.
La creación de este nuevo organismo se produce en el contexto de la excepcional coyuntura sociosanitaria que debe afrontarse. La crisis provocada por el coronavirus ha creado un escenario económico y presupuestario que requiere medidas organizativas para intensificar los principios de agilidad, eficacia y eficiencia de la administración.
La presidencia de la comisión le corresponde al presidente del Principado, Adrián Barbón y, por delegación, al vicepresidente de Gobierno, mientras que la secretaría será desempeñada por el consejero de Ciencia. Además de sus miembros, podrán ser convocados a las reuniones otros integrantes del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración autonómica y, excepcionalmente, personas que puedan prestar una contribución singular en el asunto a tratar en cada momento
Las principales funciones de este organismo, establecidas en el decreto, son las siguientes:
Estudiar las directrices generales de política económica del Principado de Asturias.
Coordinar planes y programas de trascendencia económica, financiera y presupuestaria, formulando las propuestas correspondientes al Consejo de Gobierno.
Coordinar y proponer al Consejo de Gobierno los principios básicos, planes y programas de actuación en lo relativo a instrumentos de reactivación y promoción económica, así como la evaluación de resultados de las actuaciones desarrolladas en la materia.
Impulsar y coordinar medidas de análisis y evaluación de políticas y procedimientos de actuación de la administración, en especial de aquellos con trascendencia directa en la generación de actividades económicas.
