España fue en 2019 el mayor mercado fotovoltaico en Europa y el sexto en todo el mundo, recuperando el liderazgo perdido en 2008
La organización ecologista demanda que se complete un marco regulatorio favorable a la participación ciudadana masiva en el autoconsumo

El coste de la tecnología solar fotovoltaica ha caído casi un 80% en los últimos diez años

Con motivo del Día Mundial del Sol que se celebra este domingo 21 de junio, Greenpeace recuerda que España es, por superficie, el pais europeo con mayor irradiación solar media anual y potencial fotovoltaico y demanda que la energía solar juegue un papel protagonista en la recuperación económica tras la crisis sanitaria al tiempo que contribuya a la lucha contra el cambio climático.

Greenpeace considera que España está en unas condiciones óptimas para aprovechar al máximo la energía del sol con todas las tecnologías hoy disponibles, fotovoltaica y térmica, tanto en baja como en alta temperatura (en esta última España es el país con mayor potencia instalada), así como en sus aplicaciones pasivas para la climatización de edificios.

La organización destaca que, en particular, la tecnología fotovoltaica -por su versatilidad modular, escalabilidad, precio asequible y durabilidad- supone una oportunidad de oro para que la ciudadanía pueda participar en la recuperación económica y transición enerǵetica: según las principales asociaciones del sector, en 2019 esta tecnología generó 60.000 empleos en España y 3,61 millones -un tercio de todos los empleos en energías renovables- en todo el mundo.

“No tiene sentido que España no le dé más protagonismo a uno de los mayores recursos que tiene, el sol, y a su mejor palanca de cambio, la ciudadanía. No solo para contribuir a la recuperación económica sino también para acelerar la necesaria transición energética que permita lograr un sistema 100% renovable cuanto antes, contribuyendo así al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado por el Gobierno”, ha señalado María Prado, responsable de la campaña de Energías Renovables de Greenpeace.

En 2019, España fue el mayor mercado fotovoltaico en Europa y el sexto en todo el mundo, con 4.159 megavatios (MW) nuevos instalados (459 MW en autoconsumo), según datos de Red Eléctrica de España (REE), recuperando así el liderazgo perdido en 2008 cuando numerosas políticas energéticas frenaron en seco el desarrollo renovable en el país. Sin embargo, a pesar de la mejora en potencia total instalada (8.623 MW en energía fotovoltaica y 2.304 MW de termosolar), España solo cubrió el 5,5% de la demanda eléctrica anual peninsular con energía solar y sigue estando muy lejos de otros países europeos como Alemania, que con casi la mitad de irradiación solar quintuplica la potencia instalada (49 GW) y la producción de electricidad.

Barreras administrativas

Muy especialmente teniendo en cuenta que, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), los costes de la tecnología fotovoltaica han experimentado una reducción de casi un 80% en la última década (los módulos fotovoltaicos lo hicieron en un 90%), lo que la convierte en la tecnología renovable más barata y competitiva para generar electricidad, superando al carbón, el gas o la energía nuclear. De hecho, gracias al continuo abaratamiento del precio de esta tecnología, el periodo de amortización para una instalación de autoconsumo en una ubicación media en España se encuentra ya entre cuatro y siete años para uso industrial y entre ocho y 12 para uso residencial según consumos, permitiendo importantes ahorros en la factura de la luz.

Sin embargo, la energía solar todavía se encuentra con importantes barreras administrativas: a pesar de la derogación del conocido impuesto al sol en octubre 2018 y la posterior regulación del año 2019 que permite ya el desarrollo libre del autoconsumo compartido (en bloques de viviendas o polígonos industriales), individual (en cubiertas individuales) y de proximidad, queda todavía pendiente la reglamentación del reparto dinámico en la modalidad compartida (hasta ahora solo hay coeficientes de reparto estático entre consumidores; es decir, se fijan unos porcentajes, inamovibles, de reparto para la energía producida, no pudiendo ceder el excedente no utilizado a otro vecino).

“España es uno de los países de Europa con mayor número de horas de sol y también con una de las facturas eléctricas más caras. La tecnología solar es tan asequible y sencilla que, en los próximos años, no nos extrañará hablar de cuántos paneles solares tenemos cada uno en nuestro tejado o comunidad o cuanta energía nos hemos ahorrado en nuestra factura. Es la misma revolución que vivimos con el teléfono móvil en los 90. Sólo necesitamos más impulso público y regulatorio para acelerar este proceso. Es nuestra oportunidad de oro para luchar como ciudadanía contra el cambio climático y convertirnos en dueños y usuarios de nuestra energía”, ha resumido Prado.

Greenpeace demanda y espera también nuevas mejoras legislativas en el autoconsumo que permitan acelerar una mayor participación ciudadana. 

Entre ellas:

Eliminar la distancia para compartir excedentes (limitación actual de 500m) entre todas las instalaciones que estén conectadas en la misma subestación.

Simplificación y homologación en la tramitación administrativa a nivel local y autonómico y bonificación fiscal de todos los ayuntamientos (algunos ya lo contemplan) para su instalación mediante reducción en impuestos como el IBI, el ICIO o el IAE.

El impulso de las comunidades energéticas locales, figura que se encuentra en transposición actualmente.

Reformas en la Ley de Propiedad horizontal para facilitar el autoconsumo colectivo (un 66% de la población española reside en edificios de pisos).

Rediseñar la tarifa eléctrica para que se reduzca el coste de la parte fija del recibo, de modo que el ciudadano reciba una señal todavía más clara de que instalando autoconsumo su consumo de electricidad puede ser más eficiente y barato y participar en la transición energética.